La Abogacía del Estado sigue insistiendo en su estrategia para bloquear la investigación penal del caso Gali, y ahora carga abiertamente contra el juez instructor, Rafael Lasala. Lo ha hecho en un nuevo escrito que le ha dirigido este lunes. En él califica de «impertinente» que el magistrado haya citado como imputada a la exministra Arancha González Laya, y llega a acusar al juez de forzar intencionadamente esta investigación que compromete de lleno al Gobierno.

En estas alegaciones, la letrada designada por el Gobierno, María del Mar González Bella, acusa al juez zaragozano de estar «buscando algún pretexto para mantener» esta investigación penal. «No se están investigando indicios aportados al procedimiento, se están buscando esos indicios», afirma la letrada, quejosa también por los nuevos informes policiales recabados por el magistrado.

 La sala indaga la operación que urdió el Gobierno para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Entró el 18 de abril por la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar los controles de pasaportes, sin que quedara registrada su entrada, y fue ingresado en el hospital de Logroño con identidad falsa.

La Abogacía del Estado, que sostiene que el Ejecutivo no infringió la ley, insiste en pedir que no declare la exministra Arancha González Laya, que estaba al frente de Exteriores y desde cuyo gabinete se coordinó la operación. El magistrado la ha citado para el 4 de octubre. La defensa de la exministra ha sido asumida por la Abogacía del Estado, que ya se la presta al también imputado Camilo Villarino, ex jefe de gabinete de Laya en Exteriores.

 
Este es el segundo escrito de alegaciones que presenta la Abogacía del Estado para oponerse a la investigación judicial. En el primero, presentado hace diez días –17 de septiembre–, urgió al juez a dar carpetazo a las diligencias y a frenar a los periodistas para que no trascendieran detalles del caso Gali. Los datos que están aflorando comprometen de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez sigue adelante con las pesquisas. Ya se ha confirmado que en esa operación estuvieron directamente implicados la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Estado Mayor del Aire (Ministerio de Defensa). Pero no fueron los únicos. El caso también ha alcanzado el Ministerio del Interior, tras destaparse que se desplegó un dispositivo especial de seguridad en esa entrada furtiva de Gali en España. La sala ha citado a declarar como testigo a Susana Crisóstomo, que es la jefa de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y también tomará declaración, igualmente como testigo, a la que fue jefa de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres.

 
Prevaricación, encubrimiento y falsedad
Mientras pasan los días y avanzan las diligencias, suben de tono los escritos que la Abogacía del Estado dirige al juez. Las diligencias investigan posibles delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad. Pero la abogada del Estado insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cometió delito alguno y que, por eso, el juez debe dar carpetazo inmediato.

En su nuevo escrito de alegaciones, la abogada designada por el Gobierno se opone a tres diligencias acordadas por el juez: la declaración como imputada de la exministra Laya; la citación como testigo del actual secretario general técnico de Exteriores, José Manuel Muriel Palomino –que ocupaba el mismo puesto con Laya–; y la solicitud recabada al sistema policial de la red europea de fronteras para que indique si, cuando Gali fue introducido furtivamente en España, pesaba contra él alguna orden de detención o de localización cursada por cualquiera de los países miembros del espacio Schengen.

En España no había orden de detención contra él, pero sí estaba en curso en causas penales instruidas por la Audiencia Nacional, por las que hacía años que trataba de ser localizado.

La chocante tesis del DNI
En su nuevo escrito, la abogada del Estado insiste en la misma línea de defensa: que es legal saltarse los controles de pasaporte «por razones humanitarias»; y que basta con que un ciudadano posea el DNI para entrar en España desde fuera del espacio europeo Schengen. La letrada gubernamental insiste en defender esta tesis, pese a que choca con la normativa de la que informan numerosas páginas web oficiales, entre ellas la de la UE: «Al viajar hacia o desde un país no perteneciente a Schengen, deberás presentar un pasaporte o documento de identidad válido», indica la web oficial de la Unión Europea.

 Es decir, para entrar en el espacio Schengen -en este caso en España- desde un país no miembro -en este caso Argelia- no vale el DNI sino que es necesario el pasaporte. Y Brahim Gali tiene DNI, pero no le consta pasaporte español. De hecho, se ha venido desplazando sistemáticamente con pasaportes argelinos, cuyos datos de filiación, además, no concuerdan con su identidad reconocida oficialmente en España.