La Ley Maestra de Libertad de elección educativa con la que Ayuso quiere enmendar la Ley Celaá empezará a debatirse en la Asamblea de Madrid en el pleno del próximo 7 de octubre. La batalla política para recortar los aspectos más lesivos de la norma del Gobierno de Sánchez se inició el pasado 7 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó un texto que había anunciado la presidenta de la Comunidad en su discurso de investidura.

El documento llegó a la Cámara regional para su tramitación parlamentaria y en la primera fase de presentación de enmiendas a la totalidad ha recibido tres de los grupos parlamentarios de izquierda: Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE. Vox y Partido Popular están preparando enmiendas al articulado, cuyo plazo finaliza a las ocho de la noche del próximo lunes.

 Estas enmiendas a la totalidad serán rechazadas por la mayoría absoluta de PP y Vox en la votación de la sesión plenaria del 7 de octubre. La tramitación seguirá ya en la Comisión de Educación de la Asamblea. La aprobación definitiva depende de la negociación que los populares mantengan con Vox y el acuerdo que se alcance sobre las enmiendas. Desde las filas populares aseguran que «tenemos la mejor disposición para negociar», señalando que los madrileños «no entenderían que no saliera esta ley».

Apoyo a la concertada
El texto de Ayuso blinda la educación concertada, defiende la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y mantiene el español como lengua vehicular. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, defendió en su día que se trata de defender la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Sus objetivos son «garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos».

 La ley iniciará ahora su tramitación en el Parlamento madrileño, para ser finalmente votada por el pleno. En la ley madrileña se incluye un artículo por el que el español se mantiene como lengua vehicular, «algo que desaparece en la Ley Celaá», indicó Ossorio. También se premia la excelencia académica, para lo que se realizarán pruebas externas de nivel en los centros educativos.

Otros aspectos que contempla son el mantenimiento de los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concertados. Y también se mantiene la educación diferenciada -para niños o para niñas solo- en concertados, que la Ley Celaá no admite.

 Y además, se incluye otro punto fundamental en la Ley Maestra: garantizar la Educación Especial. Según explicó Ossorio, se quiere «evitar el vaciamiento de estos centros», porque Madrid defiende que el alumno que pueda ir a un centro ordinario lo haga, pero aquel cuyos padres consideren que está mejor en otro tipo de colegio, tenga esa opción.