El hombre de máxima confianza del chavismo ya había insinuado ante el juez que Unidas Podemos podía haber sido beneficiada por el régimen de Hugo Chávez, primero y Nicolás Maduro, después, en materia de financiación.

Pues bien, según la declaración de Carvajal ante el magistrado de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, el nexo de unión entre los bolivarianos y los comunistas españoles ‘canta’ ante el juez que Juan Carlos Monedero habría recibido un pago de 200.000 euros para financiar de manera irregular al partido de Pablo Iglesias.

El que fuera jefe de la inteligencia militar de Venezuela sostuvo ante la Audiencia Nacional que Unidas Podemos recibió pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA a cambio de unos informes de asesoría carentes de contenido.

Carvajal relacionó esos supuestos pagos de PDVSA a cargos de la formación morada con el saqueo de la petrolera estatal venezolana, hecho que ya está siendo investigado por la Justicia española y que tiene derivaciones en varios procedimientos activos en estos momentos.

Uno de ellos en la propia Audiencia Nacional, que investiga los pagos, también mediante asesorías que la Fiscalía Anticorrupción considera ficticias, al ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, el Ministerio Público atribuye a Raúl Morodo, a su hijo y a varios socios suyos el desvío de más de 30 millones de euros.

LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA PONERLE EN LIBERTAD PROVISIONAL
La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud del exjefe de los Servicios de Contrainteligencia chavista de quedar en libertad provisional con medidas cautelares ante el «elevado riesgo de fuga».

La Justicia alega que se ocultó en noviembre de 2019 y que ha permanecido huido hasta su arresto en Madrid el pasado 9 de septiembre. Una marca en su historial que hace pensar que lo volvería a hacer en cuanto tenga la oportunidad.

Carvajal había solicitado su libertad provisional a raíz de que la Audiencia Nacional acordase suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos mientras se resolvía su solicitud de asilo y protección internacional.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera indican que el reclamado no solo no se presentó ante ellos (responsables de su entrega) una vez que conoció que se había decretado su prisión tras la decisión del Pleno de extraditarlo a Estados Unidos, sino que permaneció escondido. Por lo tanto, la prisión es la medida cautelar «necesaria»:

Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición y solo pendiente de materializar con la firmeza de la denegación de asilo y protección internacional».

El tribunal indica que la prisión incondicional se justifica para asegurar el mantenimiento del procedimiento de extradición y, en su caso, la entrega a Estados Unidos. «La suspensión de esta materialización es, aun legítima, una maniobra más de dilatar la extradición, que en manera alguna puede favorecer a un prófugo como lo ha sido el reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios», concluye el tribunal.