La última ocurrencia sanchista es de traca.

Se trata de atacar a Madrid, vaciando la ciudad de capitalidad, para complacer a golpistas catalanes, proetarras vascos y otras fuerzas disgregadoras.

Consciente de la imposibilidad de arrebatar electoralmente al PP el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez ha optado por lanzarse a una continuada campaña de acoso y desgaste al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Le han comprado el discurso a los golpistas catalanes y a sus compañeros de viaje, olvidando intencionalmente que, si se busca justicia redistribuida y homologación de regiones españolas, donde hay que mirar es al País Vasco o a Navarra, no a Madrid.

En Moncloa tratan de presentar su enésimo ataque a Madrid como una operación destinada a ampliar la presencia del Estado en otras regiones.

Pero lo cierto es que el PSOE lleva ya tiempo dando rienda suelta a su aversión a una comunidad que no deja de rechazarlo y que le pone en evidencia por comparación.

Los barones socialistas pretextan que la concentración de organismos públicos proporciona a la capital ventajas injustas.

Pero, en España el llamado efecto capitalidad es mucho menos relevante que en otros países y, desde luego, no es la causa de la prosperidad madrileña.

De hecho, Madrid se ha convertido en la locomotora de la economía nacional muy recientemente, a pesar de los más de 500 años que lleva siendo la capital de la Nación.

Sabe el líder del PSOE que la madrileña no es una comunidad autónoma más, sino que las políticas liberales implementadas desde hace dos décadas constituyen la verdadera alternativa ideológica y de gestión a su desastrosos Gobierno de coalición, pero sostenido por separatistas, proterroristas y zarrapastrosos antiespañoles.

Y su nuevo plan, todavía en mantillas y en forma de globo sonda, pasa por que sedes y trabajadores de la Administración General del Estado abandonen Madrid, para instalarse en ciudades como Santander, León, Castellón, Ávila o Salamanca.

Esto, de concretarse, afectaría a parte de los 150.000 funcionarios instalados en la Comunidad, ya que Madrid concentra el 30% de los trabajadores de la Administración General del Estado.

Del día a la noche y en sintonía con lo que predica el valenciano Ximo Puig, reclama el separatista Gabriel Rufián y aplaude el etarra Otegi, miles de funcionarios y sus familias, entrarían en la ‘tómbola del traslado’.

No hay que ser un lince la que montarían, aunque de momento funcionarios y sindicatos siguen callados como puertas. Es lo que tiene vivir de la subvención pública.

Lo ha resumido muy bien el alcalde Almeida:

“A los madrileños nos tilda de tabernarios, borrachos, homófobos, machistas, fascistas, todo tipo de ‘ista’. Por eso lo único que le pedimos desde Madrid es que si no quiere ayudar que no moleste”.