La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, una condena que, según el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, no implicaría tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Esta es la decisión que ha adoptado Batet, en su condición de presidenta, después de que la mayoría de Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no ha participado, se pronunciara a favor de solicitar ese informe aclaratorio al Alto Tribunal.

Batet ha comunicado su decisión de solicitar esa aclaración una vez terminada la reunión de la Mesa del Congreso de este jueves, dado que, según remarcan fuentes parlamentarias, ella la competente para dar respuesta al oficio que le remitió este miércoles el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

En ese oficio Marchena pide a Batet que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

El debate en el seno de la Mesa del Congreso se ha centrado en la necesidad o no de pedir aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la sentencia. Para el PP y Vox, no era necesario pedir ninguna aclaración porque interpretan que Rodríguez debe ser despojado de su escaño, pero los representantes de PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno han votado a favor de solicitar detalles al respecto al Alto Tribunal.

Fuentes parlamentarias han señalado que Batet no ha votado este extremo pero que en el transcurso de la discusión ha comentado que, según su interpretación jurídica el Alto Tribunal, con su oficio, está pidiendo al Congreso que inhabilite a Alberto Rodríguez.

En cualquier caso, antes de tomar una decisión sobre la ejecución de la sentencia, Batet ha optado por pedir aclaración al Tribunal Supremo.