El pleno del Parlamento europeo ha denunciado este jueves la deriva antidemocrática del Gobierno ultraconservador polaco, al que acusa de convertir el Tribunal Constitucional en "un instrumento para legalizar" sus actividades, y ha instado al resto de gobiernos europeos y a la Comisión Europea a tomar las medidas legales necesarias para bloquear el desembolso de fondos mientras persistan las amenazas al Estado de derecho.

La resolución --adoptada por 502 votos a favor, 153 en contra y 16 abstenciones-- acusa al primer ministro, Mateusz Morawiecki, que el pasado martes acudió al pleno para defender su gestión, de hacer un "uso indebido del poder judicial como herramienta para llevar a la práctica su agenda política".

El texto también tiene palabras de aliento para la sociedad polaca que se manifiesta contra las controvertidas reformas de Varsovia y mensajes de apoyo para los jueces que se arriesgan a sanciones por seguir las normativas europeas o dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE.

Por todo ello, los eurodiputados reclaman medidas contundentes: desde la apertura de un nuevo expediente sancionador por la última sentencia del Constitucional cuestionando la primacía del Derecho comunitario hasta la activación del mecanismo de condicionalidad que permitiría congelar el desembolso de fondos de recuperación.

Además, abogan por bloquear también el plan de reformas e inversiones polaco pendiente de la aprobación del Ejecutivo comunitario para poder acceder a ayudas europeas y que se suspendan los pagos de otros fondos ya previstos por el presupuesto comunitario por las deficiencias en el control sobre su uso.

Asimismo, se dirigen a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que este jueves y viernes se reúnen en un Consejo europeo en Bruselas, para exigirles que al término de la reunión emitan un comunicado con los "términos más enérgicos".

Los eurodiputados subrayan que estas medidas no buscan castigar al pueblo polaco, sino restablecer el Estado de derecho en Polonia habida cuenta de su continuo deterioro, y apelan a la Comisión para que encuentre mecanismos para garantizar que el dinero europeo llega directamente a sus beneficiarios.