El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, considera "inadmisible" que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llame "delincuentes" a jueces del Tribunal Supremo porque "no está de acuerdo con la resolución" que ha dictado la Sala Segunda de ese tribunal sobre Alberto Rodríguez. A su entender, este hecho exige una "respuesta contundente" por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Impacto España, López ha criticado que Belarra haya "insultado" a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "llamándoles prevaricadores". "Esto no tiene precedentes en la historia democrática española", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el PP pedirá explicaciones en el Congreso, después de que ya haya solicitado el cese de Belarra a Pedro Sánchez, López ha resaltado que "no hay explicación posible" tras esas manifestaciones de la ministra de Derechos Sociales porque es el "mayor ataque" de un miembro del Ejecutivo al Poder Judicial, dado que no se trata de "cuestionar" o "criticar" una resolución judicial sino que es "llamarles delincuentes".

LES IMPUTA UN DELITO PORQUE "NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN"
En este punto, el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha resaltado que Belarra está imputando un delito de prevaricación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "sencillamente porque no está de acuerdo con la resolución que ha dictado" sobre Alberto Rodríguez.

"Esto es absolutamente inadmisible y exige por parte del Gobierno y, en este caso por parte de la ministra de Justicia, una respuesta contundente. No puede decir sencillamente que hay separación de poderes cuando una compañera suya del Consejo de Ministros está insultando gravemente al Poder Judicial, nada más y nada menos que llamándoles delincuentes", ha proclamado.

Ante el debate jurídico abierto por el caso del diputado de Unidas Podemos, Enrique López ha señalado que, aunque en derecho todo es "debatible" e "interpretable", hay una "reglas básicas" que consisten en que la Sala Segunda del Supremo es el máximo intérprete en lo que se refiere al derecho penal y "ha dicho con toda claridad" que la pena de prisión para Rodríguez, "al margen de que sea sustituida por la de multa", sigue teniendo el efecto de la "inhabilitación especial".