España ha solicitado a la Comisión Europea el desembolso del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha confirmado este viernes en un comunicado la institución, que ahora dispone de un plazo de dos meses para verificar si se han cumplido todos los requisitos para desbloquear el dinero.

Con este paso, España ha sido el primer país de la UE en hacer una petición formal para recibir el primer desembolso y lo ha podido hacer tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso.

En concreto, el primer desembolso dentro del plan de recuperación de España depende de 52 hitos y objetivos. El Gobierno asegura que todos ellos están ya cumplidos, por lo que el desembolso podría llegar antes de que finalice el año.

"Ahora lo analizaremos y decidiremos rápido", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje compartido en su perfil oficial de Twitter. El Ejecutivo comunitario tiene hasta dos meses para hacer su evaluación, si bien podría acortar los tiempos para agilizar el proceso.

Bruselas emitirá en primer lugar un análisis preliminar sobre el que se tendrán que pronunciar el resto de Estados miembros. Si este análisis es positivo y también lo avalan los países (o si pasa un mes sin que éstos se hayan pronunciado), el desembolso será autorizado.

En este caso, el tramo de 10.000 millones se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario desembolsó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.

MÁS DE 50 REQUISITOS

Así, el primer pago depende de reformas incluidas en casi todos los componentes del plan de recuperación del Gobierno. Ocho de ellas forman parte del capítulo sobre modernización de la Administración, entre ellas la normativa para reducir la temporalidad en el sector público.

También tiene un peso importante en este desembolso el componente sobre la reforma de la fiscalidad con medidas como la introducción de la tasa digital, el gravamen sobre transacciones financieras o modificaciones corto plazo en el impuesto de sociedades y de impuestos indirectos.

En este primer desembolso también se incluyen medidas del capítulo de la reforma laboral, como son la ley que regula el teletrabajo, la normativa para reducir la brecha salarial de género y la entrada en vigor del plan de acción para atajar el desempleo juvenil.

En cuanto a la reforma de las pensiones, el desembolso de estos 10.000 millones está condicionado a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la revisión de las bonificaciones de los planes individuales de pensiones y la modificación del complemento de maternidad de pensiones.

Otras hitos y objetivos incluidos entre los requisitos para acceder a este tramo de ayudas directas son la aprobación de la ley climática, la estrategia de descarbonización hasta 2050, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia española de economía circular, el plan de digitalización de pymes o la estrategia nacional de inteligencia artificial.

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