El Ejecutivo ya estuvo a punto de flexibilizar el acceso de los etarras al tercer grado escondiéndolo en algo tan aparentemente inocente como la Ley de Infancia de Iglesias. Se paró in extremis
 
«Seremos insaciables». La advertencia que el diputado de Bildu Oskar Matute hizo a Pedro Sánchez hace unas semanas en el hemiciclo del Congreso tiene su eco en la política penitenciaria del Gobierno.
Más allá del traslado de todos sus presos a las cárceles del País Vasco y Navarra (ya lo están 81 de los 186 etarras actualmente en prisión, y el resto está cerca), la auténtica pretensión de Bildu es que todos ellos salgan a la calle cuanto antes.
 
EL PACTO OCULTO
Interior ya ha trasladado a la mitad de presos de ETA al País Vasco y Navarra como pago a Bildu
Y eso pasa por reformar dos artículos del Código Penal: el artículo 76, que eleva la pena máxima de prisión a 40 años para los etarras condenados por dos o más delitos de terrorismo, siempre y cuando al menos uno de ellos estuviera castigado con una pena de más de 20 años.

Y el  artículo 36, que impide que los etarras condenados a más de cinco años entre rejas accedan al tercer grado hasta haber cumplido, al menos, la mitad de la condena. A los presos comunes les basta con haber cumplido la cuarta parte, así que la diferencia es sustancial.
Bildu persigue la derogación de los artículos 36 y 76 del Código Penal
 
A ello se refería implícitamente Arnaldo Otegi cuando afirmó ante su militancia que el canje auténtico eran presos por Presupuestos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha hecho cuentas y le sale que, con el cumplimiento íntegro de las penas, en 2026 quedarían aún en la cárcel aproximadamente 140 etarras y dentro de una década, 83. Pero su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, se malicia que los tiempos irán menguando como por arte de magia.
«Moviendo la bolita»

La reforma del Código Penal a la luz del día y con toda la oposición ojo avizor tras las palabras de Otegi sería muy descarada. Pero el Gobierno de Sánchez es experto en buscar subterfugios para cambiar leyes a través de otras que no tienen nada que ver. 

Así, moviendo la bolita, fue cómo en marzo de 2020 el presidente metió a Pablo Iglesias en el CNI: por la vía de un real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos del coronavirus. El Tribunal Constitucional acabó anulando aquella decisión.

La AVT ha pedido a la oposición que mantenga los ojos bien abiertos porque existe un precedente: el Gobierno estuvo a punto de cambiar el artículo 36 del Código Penal y flexibilizar el acceso de los etarras al tercer grado a través de algo tan aparentemente inocente como la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia, aprobada por las Cortes el pasado mes de junio.

De no haber sido porque un fiscal avezado se percató del truco y el Senado frenó in extremis la reforma, ahora mismo ésta estaría en vigor. Porque antes había logrado pasar por el pleno del Congreso sin levantar sospechas.

No por casualidad se trató de una ley redactada por el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, firme partidario de una relajación de la política penitenciaria del Gobierno de coalición.
 
Su departamento perpetró una Ley de Infancia que en su disposición final sexta modificaba los apartados 2 y 3 del artículo 36 del Código Penal. De forma muy enrevesada, abría la puerta a que los condenados por terrorismo pudieran acceder al tercer grado –el régimen abierto– antes de haber cumplido la mitad de la condena.

No lo hacía directamente, sino excluyendo los delitos de terrorismo de los supuestos en los que un condenado no puede acceder al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena. 

 
El subterfugio que intentó Iglesias para cambiar el Código Penal

 Así es como estaba redactado y así fue aprobado el proyecto de ley por el pleno del Congreso el pasado 15 de abril, sin levantar sospechas. Pero cuando el articulado fue remitido al Senado, las alarmas saltaron. La AVT avisó a su vez a la oposición. 

Descubierta la trampa, y ante lo que habría sido un escándalo, Sánchez ordenó a los suyos dar marcha atrás. Así que el grupo parlamentario socialista en el Senado presentó una enmienda al proyecto de ley del Gobierno, su Gobierno, suprimiendo la modificación de los artículos 36.2 y 36.3 del Código Penal previamente aprobada por el Congreso. Como si no hubiera existido esta enmienda:

 
La enmienda del PSOE que anuló la reforma del CP in extremis

 La enmienda salió adelante. El proyecto de ley volvió a la Cámara Baja y fue aprobado definitivamente el 20 de mayo, sin tocar ni una coma del artículo 36 del Código Penal. ¿Lo volverán a intentar? En la AVT están convencidos. Más aún después de escuchar a Otegi.

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