Irene Montero se gasta 110.000 euros públicos en pegatinas feministas
El modelo a seguir con esta unión de pueblos feministas y no racistas son «otras iniciativas como la Red Española de Ciudades Saludables».
El Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero (Podemos), va a gastar 110.000 euros públicos en repartir distintivos feministas a municipios donde gobiernen alcaldes afines y desplieguen políticas de su agrado. Se trata de crear «una red de pequeños municipios y áreas en riesgo demográfico por la Igualdad de Trato, la Inclusión y la Diversidad».
Según informa el subsecretario de Igualdad, el Ministerio con esta actuación va a tener muy presente la España rural. La ministra quiere que las zonas más despobladas del país no se queden fuera de sus políticas feministas. Por ello está trabajando en una especie de emblema o insignia feministas para los pueblos donde, según Irene Montero y su equipo, se respeten los principios de estar en contra del machismo y del racismo.
En la respuesta oficial de Igualdad se indica que esta medida está incluida en el marco del Plan de medidas ante el reto demográfico. Los departamentos del Ministerio que se encargarán de su puesta en marcha serán la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Las máximas dirigentes de estos organismos públicos son Boti García y Rita Bosaho, ambas de Podemos.
Con empresas
El modelo a seguir con esta unión de pueblos feministas y no racistas son «otras iniciativas como la Red Española de Ciudades Saludables». Se busca «desde la colaboración público-privada promover iniciativas hacia la igualdad de trato, el reconocimiento de la diversidad y la convivencia en igualdad, sin que medie discriminación por razón de origen étnico racial o por pertenencia a la comunidad LGTBI».
Llama sobremanera la atención que el equipo de Irene Montero hable de colaboración público – privada ya que en el ADN de Podemos está rechazar que cualquier empresa participe de los proyectos del Gobierno a todos los niveles.
No obstante, en esta ocasión el Ejecutivo sí ve con buenos ojos que el sector privado colabore con sus líneas políticas.
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