El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso
una Proposición de Ley para crear y regular un Cuerpo de Alta Inspección Educativa
del Estado, que velará por los derechos educativos de todos los alumnos, incluidos los
lingüísticos, en cualquier lugar del territorio español.

La iniciativa, rubricada por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, dispone que la Alta
Inspección garantizará que los alumnos puedan recibir enseñanza en la lengua oficial
del Estado residan donde residan, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

También se encargará de garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes,
con el objetivo de presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje
libres de adoctrinamiento.

Además comprobará que los currículos, los libros de texto y el material didáctico se
adecuan a las enseñanzas comunes; que estas se imparten con observancia de lo
dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los
respectivos currículos; y verificará que los estudios cursados se adecuan a lo
establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos
académicos y profesionales válidos en toda España.

Otras competencias, entre otras, que tendrá la Alta Inspección Educativa será
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características
de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico
para cada nivel de enseñanza; verificar la adecuación del otorgamiento de las
subvenciones y becas a que hace referente esta Ley a los criterios generales que
establezcan las disposiciones del Estado.

Y elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas que será pública y tendrá que ser presentada en las Cortes Generales.

ACTUARÁ DE OFICIO O POR DENUNCIAS DE PARTICULARES
Los funcionarios encargados de las tareas de alta inspección gozarán de la
consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de
particulares por presuntas infracciones.

Cuando encuentre infracciones dará cuenta al Ministerio de Educación, con la
propuesta de las actuaciones que correspondan, y si los hechos detectados pueden
ser constitutivos de delito tendrá que dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal.

El jefe de la Alta Inspección Educativa, con un mandato de cinco años, será nombrado
por el Consejo de Ministros entre funcionarios con más de 15 años de servicio efectivo
en las Administraciones Educativas.

Las Cortes Generales podrán recabar su comparecencia para ser informadas de
aquellos asuntos para los que fuera requerido, así como los órganos legislativos de
las Comunidades Autónomas sobre temas que afecten a su territorio.

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