El Partido Popular acusa al Gobierno de Sánchez de fomentar la okupación ilegal al rechazar la Ley Anti okupación impulsada por Pablo Casado en el Congreso de los Diputados.  El diputado del PPRM, Víctor Martínez-Carrasco, denuncia que “las okupaciones han aumentado en la Región de Murcia en casi un 70 por ciento en el acumulado de enero a septiembre de 2021, según datos del Ministerio de Interior, mientras que Pedro Sánchez abandona por completo a los propietarios”.

 Según estos datos, tal y como ha explicado el diputado del PP, “cada día en España 49 viviendas son usurpadas ilegalmente”, algo que “se podría haber frenado en seco de haber prosperado la Ley contra la okupación ilegal impulsada por el Partido Popular”. 

 Para diputado ‘popular’ es “más necesario que nunca implementar esta Ley” tras la que se conseguiría que “en 12 horas los okupas sean desalojados y no puedan empadronarse, penas de prisión de entre 1 a 3 años, las comunidades de propietarios podrían tomar medidas legales, así como las personas jurídicas podrían iniciar procedimientos de desalojo”. 

 En este sentido, ha lamentado que, en la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la okupación ilegal, “el Partido Popular esté solo frente a una izquierda que abandona a los propietarios que han logrado hacerse con una vivienda gracias al esfuerzo de su trabajo”. 

 Así, ha defendido que “para el PP, la propiedad privada es sagrada, no puede supeditarse a otros derechos que deben garantizarse, como es el acceso a una vivienda”, a lo que ha añadido que “debemos ayudar a las personas que tienen más dificultades, como está haciendo el Gobierno de López Miras, pero nunca invadiendo la propiedad legítima del otro”.

 En este sentido, ha recordado que “el Gobierno de López Miras se sitúa a la vanguardia de la defensa de la propiedad privada al implementar una Ley, que dentro de sus limitadas competencias en el ámbito de las viviendas sociales, que cubre un vacío legal y da solución a un problema que existe y es grave”. De hecho, “el Gobierno de López Miras fue el primero en afrontar este problema que es real”, pero “debemos ir más allá para blindar los derechos de todos los ciudadanos de la Región”. 

 Con todo, ha defendido que “mientras el Gobierno regional apuesta por la libertad de las personas, por la libre competencia y por la economía de mercado, las políticas del Partido Socialista en materia de vivienda están desnortadas, rayan la ilegalidad o invaden competencias autonómicas”, como se ha visto tras el rechazo del Consejo General del Poder Judicial al informe a la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de España.

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