Vox registra una ley para reducir diputados en la Asamblea de Madrid
La exigencia de adoptar una serie de medidas necesarias en materia de austeridad y reducción del gasto político
El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición de Ley sobre Reducción de Diputados de la Asamblea de Madrid, mediante la que se requiere la modificación de la Ley de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Con esta normativa, a la que ha tenido acceso IEN, se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Actualmente, el Estatuto recoge que la Asamblea está compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.
El partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid quiere, con esta normativa, que la Asamblea quede compuesta por un diputado por cada 75.000 habitantes, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
En el caso de que el número resultante de diputados fuera par, se añadirá un diputado más, en virtud de la fracción resultante, de modo que aquel siempre resulte impar. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.
En la exposición de motivos de la Proposición de Ley, Vox enmarca esta normativa en “la exigencia de adoptar una serie de medidas necesarias en materia de austeridad y reducción del gasto político ante la grave crisis económica y social que está sufriendo la Comunidad de Madrid, como el resto de España”.
“Las sociedades prósperas siempre tienen gobiernos e instituciones representativas austeras. Lo que debería ser un imperativo lógico de buena gestión y administración de los recursos públicos siempre, hoy, tras las consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocadas por la crisis del coronavirus, se convierte en un imperativo, no solo político, sino también de orden moral y de justicia social”, estiman.
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