El Gobierno reclama a empresas y trabajadores más esfuerzos ante las nuevas dificultades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo dista mucho de dar ejemplo en cuanto a austeridad en la gestión de su propia plantilla. Muy al contrario, llama la atención cómo el Estado elevó el gasto destinado a personal de carácter eventual (aquél que los altos cargos designan libremente) un 24% entre 2019 y el año pasado, el periodo en que se sucedieron el apogeo de la pandemia de Covid-19 y el comienzo de la histórica crisis inflacionista que aún se desarrolla.

 Así lo reflejan los datos de la Intervención General (la IGAE) en su informe más actual, que comprende hasta el día 30 de noviembre de 2021. En términos absolutos, en esos 11 meses salieron más de 55 millones de euros de las arcas públicas destinados a remunerar a personas designadas, como se dice comúnmente, a dedo.

Su cometido más frecuente se identifica con el asesoramiento de los ministros, los secretarios de Estado y también del equipo más cercano al presidente Pedro Sánchez. A la hora de desempeñar esta función no tienen que pasar un proceso de selección estipulado semejante a las oposiciones a las que los funcionarios se han sometido antes de lograr su plaza.

 Los 55,4 millones en retribuciones del Estado en 2021 para eventuales constituyen un récord no visto en la serie estadística de esta categoría laboral en los últimos diez años. Su incremento interanual del 12,3% respecto a 2020 contrasta también con la evolución que presentan los emolumentos destinados a los demás capítulos que integran la plantilla al servicio de la Administración estatal, en ese mismo periodo.

El avance promedio se sitúa en el 3,4% y el incremento que corresponde a los funcionarios de carrera se situó incluso por debajo de ese nivel entre 2020 y 2021 (2,9%).

Subida casi sin parangón
La subida fue mayor para los altos cargos y el personal laboral, pero tampoco en ninguno de estos dos casos (con crecimientos del 4,9 y el 4,3% respectivamente) se iguala el avance de dos dígitos del que se beneficiaron los asesores de los ministerios o el personal de los puestos identificados como de "relaciones sociales" en los mencionados departamentos.

A la hora de buscar causas para este comportamiento tan dispar, las fuentes sindicales consultadas apuntan a que necesariamente tuvo que influir la incorporación masiva "de muchos asesores en poco tiempo" debido a que el actual Ejecutivo se configuró a principios de 2020 y, a renglón seguido, tuvo que hacer frente a la epidemia del coronavirus. Esas mismas fuentes aseguran que "no todo tiene por qué ser incremento de plantilla" y también debe tenerse en cuenta que la masa salarial crece debido al abono de remuneraciones extraordinarias "ligado a la evolución de la productividad o del rendimiento de cada trabajador".

Con todo, la gran envergadura del equipo de asesores del que dispone el actual Ejecutivo de coalición ha sido motivo de polémica desde el momento mismo de su conformación.

Cerca de 1.500 personas
El total de personal de designación por criterios políticos (altos cargos más las personas de su confianza que los rodean) se sitúa, según los datos actualizados a finales de 2021, en 1.500 personas, lo que implica casi 460 profesionales por encima los que conformaban la plantilla del Gabinete del expresidente Mariano Rajoy.

En el caso específico del personal asesor no es fácil seguir su rastro más allá de esas cifras, pese a la existencia del Portal de Transparencia. La situación se complica considerando que su presencia no se limite a la Administración estatal, ya que también se encuentran presentes en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y hay dificultades para encontrar cifras homologables entre los tres niveles del sector público.

Cálculos oficiosos llegaron a hablar de una plantilla total de 20.000 personas empleadas en este tipo de funciones en el conjunto de las Administraciones.

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