La asociación “Alianza Contra la Corrupción”, por unanimidad de su Junta Directiva, quiere
trasladar a los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad, las recientes cuestiones
judiciales relacionadas con nuestro miembro y socio Roberto Alejandro Macías Chávez,
alertador del caso de las “facturas falsas de UGT A” y sobre el Anteproyecto de Ley,
aprobado el pasado 4 de marzo de 2022, por el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Justicia, por el que regula la protección de las personas que informen sobre
infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea
(UE).

En breve, España contará con un régimen jurídico que en teoría garantiza la protección
efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como
privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del
Derecho nacional. Caso paradigmático es el de Roberto Macías, que ha solicitado durante su
largo procedimiento Judicial, poder acogerse a los beneficios que establece la protección de
Directiva “Whistleblowers” y acabar con el calvario inhumano que le supuso revelar una caso
grave y grosero de corrupción.

Es por ello que queremos cuestionar que la UGT-A, a través de su letrado, trate de
apremiar a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que revisa el recurso
presentado por nuestro compañero, para que emita al más breve plazo posible una
sentencia condenatoria contra él.

Visto el nuevo contexto, entendemos las recientes
actuaciones de la UGT-A como un acto desesperado para impedir que su ex trabajador
pueda acogerse a la nueva realidad jurídica que poco a poco se abre paso en España. Una
clara muestra de venganza y, también, pensando mal, la estrategia maquiavélica de una
organización que, lejos de aprender de sus errores, se enroca en ellos, pretendiendo que
la condena de Macías les sirva de herramienta para salir indemne del procedimiento penal
contra su organización, donde se les reclama penas de cárcel por fraude en subvenciones
y se les exige la devolución del dinero presuntamente sustraído correspondiente a la
formación de los parados.

Nuestra asociación quiere dejar claro además que, si existe un colapso judicial, en buena parte
es por los numerosos procedimientos judiciales en los que se ve implicada la UGT-A. El
comportamiento desleal de la antigua cúpula sindical, que ahora la nueva trata de disipar, con los
trabajadores desempleados y el conjunto de la sociedad, ha provocado que la Justicia tenga que
revisar con lupa su actuación durante años.

Por último, queremos informar a la sociedad que nuestra asociación, presentó las alegaciones al
anteproyecto de ley dirigido por Pilar Llop, Ministra de Justicia, al considerar que es mejorable
en su contenido y articulado. Queremos que efectivamente sea un instrumento eficaz de
protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción.
Sin otro particular, un saludo.
La asociación

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv