El hermano de Ximo Puig a declarar por presunto cobro irregular de subvenciones
El informe,incluye casi 400 páginas sobre las actividades de varias productoras que presuntamente cometieron fraude en la obtención de subvenciones de los Gobiernos de la Comunidad valenciana, Cataluña y Aragón
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, tendrá que declarar el próximo 23 de mayo como investigado. Lo hará por las supuestas irregularidades cometidas por las productoras audiovisuales administradas por él y sus socios, los Adell Bover, en la obtención de subvenciones públicas por más de medio millón de euros en ambos casos.
Se investigan presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación y prevaricación en la obtención de ayudas públicas, entre 2015 y 2018, de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.
En el informe de la Guardia Civil, se recopilan tanto las facturas originales como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las productoras implicadas. Señalan que hay doble imputación de gastos para subvenciones distintas. También que existen facturas imputadas a un año y al siguiente, con datos que, a veces, no corresponden con lo reflejado en las cuentas.
Las empresas investigadas pidieron ayudas públicas durante cuatro años para fomentar las lenguas catalana y valenciana pero en realidad, “presentaban las mismas facturas” para ambas subvenciones. Desde las nóminas de los trabajadores a gastos corrientes de luz, gas o telefonía. En total, 1.200.000 euros de dinero público, con muchas facturas además bajo sospecha porque los datos que incluyen, a veces, no se reflejaba en las cuentas.
La Fiscalía pide a la Generalitat Valenciana y a la Generalitat de Cataluña que entreguen una auditoría con toda la información del dinero recibido y la justificación que se hizo de esas partidas.
Fuentes del entorno del presidente Ximo Puig subrayan que confían en la acción de la justicia y señalan que si las empresas investigadas han actuado mal tendrán que asumir su responsabilidad.
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