La masa salarial de las Administraciones españolas superó todas las marcas de la serie histórica el año pasado. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, y así se refleja en los datos más actualizados. 

No hay parangón en la serie estadística, que se remonta hasta finales de los años 90 del pasado siglo, de un volumen tan elevado de recursos destinados a este tipo de desembolsos corrientes y que tienen un inevitable carácter estructural en el gasto de las Administraciones, de modo que queda consolidado año tras año.

Todo apunta a que en poco tiempo se alcanzará, o incluso se superará la barrera de los 150.000 millones considerando la rapidez con la que esta partida de gastos se incrementa (casi un 10% en tan solo un ejercicio, entre 2020 y 2021).

 No cabe achacar toda la responsabilidad a las circunstancias excepcionales que la epidemia planteó. Los cálculos que el INE ofrece incumben al sector público en su conjunto y no sólo a aquellos departamentos más concernidos con la lucha contra el Covid-19.

De hecho, más allá de lo ocurrido en los dos últimos años, lo cierto es que la tendencia alcista de la masa salarial destinada a funcionarios y demás empleados de las Administraciones muestra un prolongado recorrido.

En concreto, ha experimentado un incremento superior al 17% con respecto al máximo de 125.383 millones que registró en su mayor cota previa a la crisis iniciada en 2008.

Las turbulencias financieras que entonces se desencadenaron obligaron a reducir este desembolso hasta el mínimo de 113.630 millones propio de 2012.

Inmunidad a la última crisis
A partir de ese momento, puede afirmarse que la masa salarial de las Administraciones no ha conocido crisis alguna y ha sido perseverante en su crecimiento.

De hecho, la negociación salarial, siempre complicada en momentos de alta inflación como los actuales, se muestra especialmente difícil en el caso de la función pública. No en vano aún está pendiente la cuestión originada por la congelación de salarios que el Gobierno del presidente Mariano Rajoy decretó tras llegar el poder en las elecciones de 2011.

Bajo la bandera de recuperar la estructura salarial anterior a ese periodo, y el poder adquisitivo perdido en esos años, los sindicatos plantean un acuerdo plurianual que establezca incrementos no inferiores al 3% en cada ejercicio.

Las centrales se muestran, además especialmente beligerantes en 2022, considerando que el incremento de sus remuneraciones del 2% del que se han beneficiado en el presente ejercicio quedará muy por debajo del IPC (6,5-7%) que las principales instituciones y casas análisis ya ponen sobre la mesa.

Ante un problema tan candente, que aboca a la masa salarial pública a seguir batiendo récords (al contrario de lo que está ocurriendo en el sector privado), el Gobierno opta por ganar tiempo antes de sentarse a negociar, pese a la muy positiva evolución que la recaudación por impuestos y los datos de déficit muestran desde 2021.

Táctica para ganar tiempo
Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha transmitido su intención de que se dé prioridad a otras cuestiones, como la implantación del teletrabajo en las instituciones antes de abordar la negociación salarial.

El sector público se encuentra, además, en un momento especialmente complejo a la hora de racionalizar su gasto corriente, de carácter no productivo, una tarea en la que apenas se ha avanzado en los últimos años.

No en vano la reforma laboral que ya ha entrado plenamente en vigor contiene unas muy severas limitaciones a la contratación temporal, una modalidad de vinculación laboral ampliamente utilizada por las Administraciones, sobre todo en ámbitos como la sanidad y la educación.

La reforma consensuada por Trabajo y los agentes sociales en diciembre de 2021 también contiene buenas noticias para el personal contratado en el sector público, un colectivo que suma más de un millón de personas, según el INE. Con la nueva norma quedan blindados ante los despidos objetivos o los expedientes de regulación de empleo.

El llamado despido ETOP (siglas que corresponden a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) podía aplicarse por parte de ministerios, comunidades autónomas y otros organismos similares a esa parte de su plantilla, de acuerdo con lo estipulado por la reforma laboral de 2012.

Es más, ya antes de ese año, existían sentencias judiciales que abrían la puerta a aplicar ajustes de ese tipo en Administraciones.

Ahora, por el contrario, esta disposición está derogada desde el mes pasado, lo que sólo deja las prejubilaciones como la única vía para que el sector público pueda hacer ajustes de plantilla y racionalizar sus gasto puramente corrientes.

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