VOX ha recurrido este jueves ante el Tribunal Constitucional la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso y los últimos Presupuestos Generales del Estado. También ha pedido declarar inconstitucional la última prórroga de medidas sociales ante la pandemia por el artículo que suspende los desahucios. Con ellos, son ya 36 los recursos presentados por VOX ante el alto tribunal.

En el recurso a la reforma laboral, el partido recuerda la «enorme polémica» que suscitó su aprobación gracias al «supuesto error» del diputado del Partido Popular Alberto Casero, a quien denuncia que «se impidió» ejercer su derecho al voto.

 «La reforma laboral de la ministra comunista salió adelante por un supuesto error de un diputado que sólo beneficia a las clases sindicales y que abandona a los trabajadores», denuncia la secretaria general de VOX en el Congreso, Macarena Olona.

El partido liderado por Santiago Abascal recurre además que la reforma se aprobara mediante la figura del Real Decreto Ley pese a que en el preámbulo dice querer corregir «importantes desequilibrios que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas». A su juicio, se trata de un «abuso» que el Gobierno ha convertido «en una herramienta para imponer su voluntad».

En cuanto a los Presupuestos, VOX los lleva ante el Tribunal Constitucional por una disposición final primera introducida «de forma sorpresiva» tras un pacto con el PNV para que las instituciones vascas tengan la capacidad de crear su propio cuerpo de secretarios e interventores municipales.

Este «peaje al nacionalismo«, según denuncia VOX, vulnera la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado y solo fue aceptado ante «la necesidad del Gobierno de sacar adelante sus Presupuestos Generales».

«Otra indigna cesión indigna cesión al PNV al entregar a nuestros funcionarios de la Administración local al País Vasco con una transferencia de la competencia íntegra», avisa Olona.

El tercero de los recursos afecta al artículo segundo del Real Decreto-ley 21/2021, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En concreto, el recurso se interpone contra la suspensión de los desahucios para personas vulnerables en determinados supuestos, lo que para VOX supone de facto «la legalización de la ocupación delictiva«.

«VOX da un paso al frente y lleva al TC esta situación de absoluto desamparo para los propietarios», asegura la dirigente de la formación, que ya recurrió los anteriores decretos que este decreto ley prorrogó. Sin embargo, en esta ocasión subraya que el Gobierno se basa en el estado de alarma decretado por el Covid-19 que, según recuerda, ya fue declarado inconstitucional.

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