Límite “desproporcionado”, régimen sancionador “excesivo” y menos libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago. En este términos ha criticado el Banco Central Europeo (BCE) el límite de 1.000 euros para pagos en efectivo establecido por España. El pasado 11 de julio entró en vigor la ley antifraude, que conllevó una reducción frente al límite anterior de 2.500 euros para operaciones entre profesionales y particulares, muy por debajo del límite común de 10.000 euros que plantea la Comisión Europea para los Estados miembros.

La rebaja es mayor en el caso de nuestro país porque el límite del que se partía ya era más bajo. La intención de esta reducción es que las transacciones queden mejor reflejadas en las cuentas. De esta manera, se pretende combatir el fraude y la economía sumergida. Por lo tanto, se podría entender que la ley española es más ambiciosa en este sentido mientras que en el caso de la Unión Europea la intención es llegar a un acuerdo para establecer un límite mínimo general.

No obstante, el Banco Central Europeo no percibe la iniciativa española como un ejemplo a seguir, sino como un exceso de control por parte del Gobierno Español.

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