«El denunciado efectuó unas declaraciones en TV3, y en otros medios, con amplísima repercusión mediática en el sentido siguiente: las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del Estado», expone Manos Limpias, que sostiene que Rufián trató de armar una «coartada» a la vista del «revuelo» que habían levantado sus manifestados difundiendo un tuit en el que aseguraba que «era una interpretación suya».

A juicio de los denunciantes, la difusión de Rufián es constitutiva del delito que el Código Penal tipifica como agravada en el artículo 417. Si la revelación del secreto provocara grave daño para la causa pública o terceros, la pena de este ilícito se puede llegar a castigar con hasta tres años de cárcel e inhabilitación por hasta cinco. En opinión de Manos Limpias, resulta «obvio» el perjuicio que sus declaraciones ha provocado al CNI, los ministerios de Defensa e Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, anunció este mismo jueves la intención de su grupo de llevar «a los tribunales a los diputados separatistas que han roto el secreto de la Comisión».

También el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que van a «estudiar» la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia.

Durante su intervención, la directora del CNI reconoció -y mostró documentación- la existencia de escuchas bajo cobertura judicial a 18 dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el actual presidente de la Generalitat: Pere Aragonès (ERC).

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