La Fiscalía General del Estado es el órgano constitucional más opaco de España. Así lo considera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en su último informe de evaluación de organismos constitucionales o de relevancia constitucional califica al ministerio público con un total de 63,7 puntos sobre 100, la puntuación más baja de los diez entes analizados. 

Además de la Fiscalía, el Consejo de Transparencia ha evaluado el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en otros nueve entes: la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social. 

Los avances de estos organismos, tras una década desde la entrada en vigor de la ley de transparencia, son notables. La mayoría de estas instituciones supera la evaluación con un 90% de cumplimiento de la ley. Por detrás, solo se sitúan la Fiscalía (63,7), el Consejo Económico y Social (80,6) y el Consejo de Estado (84,2). Les siguen el Congreso de los Diputados (93), el Senado (97,1), el Tribunal de Cuentas (98,2) y el Consejo General del Poder Judicial (98,2). 

Un 100% para la Casa Real, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo
Solo la Casa Real, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo cumplen al 100% con las obligaciones que marca la ley tras la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Transparencia. En el caso de la Casa Real, la evaluación de 2021 revelaba un cumplimiento del 73,8%. La Fiscalía, por su parte, ha aumentado 8,9 puntos porcentuales tras aplicar solo «una de las recomendaciones efectuadas en 2021».

«No obstante, es preciso señalar que solo la mitad de las instituciones contempladas en este grupo de sujetos obligados ha aplicado un 80% o más de dichas recomendaciones», advierte el informe, consultado: «Sólo una de las instituciones evaluadas  aplicó menos del 20% de las recomendaciones efectuadas por este Consejo», apunta en referencia velada a la Fiscalía General del Estado. 

«Es preciso señalar que el índice de cumplimiento de algunas de las instituciones que presentan valores más bajos actualmente sería más elevado tras la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en 2022 durante el periodo de observaciones a los informes provisionales de evaluación», señala el informe: «Así, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado alcanzaría un nivel de cumplimiento superior al 95%». 

En promedio se publica casi el 96% de las informaciones obligatorias aumentando notablemente la proporción de informaciones obligatorias que se publican respecto de 2021
El Consejo de Transparencia concluye con una valoración positiva de la evolución de los índices de publicidad activa por parte de los organismos constitucionales: «En promedio se publica casi el 96% de las informaciones obligatorias aumentando notablemente la proporción de informaciones obligatorias que se publican respecto de 2021». «No obstante, siguen existiendo diferencias entre bloques de información y variabilidad entre las instituciones evaluadas», recalca el informe. 

Si bien «la información sujeta a obligaciones de publicidad activa está organizada y es fácilmente localizable en las webs institucionales de las instituciones evaluadas», «todavía algunas de las instituciones siguen publicando información obligatoria al margen del Portal de Transparencia, lo que dificulta su localización».

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