La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y seis meses de prisión para cuatro antiguos dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que «contribuyeron activamente en la gestión para la obtención y pago» de 35,4 millones de euros en ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía a la tabaquera Altadis.

En su escrito de calificación dirigido al juez José Ignacio Vilaplana, que instruye esta pieza separada del caso ERE, el Ministerio Público solicita, además, 8 años y 6 meses de inhabilitación absoluta para los acusados como cooperadores necesarios de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de Blanca Uruñuela Aguado y Francisco Fernández Sevilla, como representantes de UGT, y para Antonio Periánez Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo, en nombre de CCOO.

Anticorrupción también considera cooperador necesario a Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia y pide la misma pena para él. En la causa también están acusados como autores de los citados delitos el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez y el exdirector general de la Agencia IDEA Antonio Valverde Ramos, para los que solicita penas de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta.

Todos los sindicalistas firmaron el 3 de diciembre de 2004 un acuerdo, junto con la empresa, por el que el exdirector general de Trabajo de la Junta, el fallecido Francisco Javier Guerrero, se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores de la tabaquera en las plantas Cádiz y Sevilla que superaran los 51 años de edad. Tanto el empresario, ya fallecido, como los representantes sindicales suscribieron un pacto surgido «como resultado de la voluntad política para el diálogo» que propició, a juicio de la Fiscalía, un «trato discriminatorio» de los trabajadores de Sevilla y Cádiz con respecto al resto de los trabajadores de Altadis SA que fuera de Andalucía también vieron extinguidos sus contratos. El «importante compromiso económico asumido por la Junta de Andalucía», que ya «se sabía injusto», se adoptó «vulnerando la competencia del Estado en materia laboral», expone en su escrito.

Responsabilidad civil
Anticorrupción reclama a los acusados de manera solidaria la cantidad de 20.477.820,45 euros por los daños y perjuicios causados a las arcas públicas debido la salida «indebida» de fondos públicos. «Subsidiariamente», debe responder de dicho quebranto económico la Confederación Sindical de Comisiones Obreras respecto de sus dirigentes Periánez Pedrero y Figueroa Alcarazo Fernández Sevilla, mientras que la Unión General de Trabajadores debe hacer lo propio respecto de los señores Uruñuela Aguado y Fernández Sevilla.

También Vitalia, respecto de Albarracín Muñoz, deberá restituir a la Junta de Andalucía por la citada cantidad. La mercantil Altadis SA, en su condición de partícipe a título lucrativo, también debe hacer frente a dicha responsabilidad civil, según el escrito de las fiscales delegadas de Anticorrupción.

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