Con la más que dudosa excusa de que no quiere ‘influir’ en las elecciones autonómicas, que se celebrarán en Andalucía el próximo 19 de junio de 2022, el Tribunal Supremo están retrasando artificialmente la sentencia definitiva de los EREs, pero las cartas ya están jugadas.

Es el caso de corrupción y mangancia más grande de la Historia de España y tiene como protagonista al PSOE, el mismo partido al que la palabra ‘corruptos’ no se le cae de la boca.

Los jueces del Supremo van a confirmar lo que en dictó en noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta socialista, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves (9 años de inhabilitación) y José Antonio Griñán (6 años de prisión y 9 de inhabilitación).

No es el único caso que marca el triste final de la legislatura de Pedro Sánchez, un tipo que se metió en 2018 a la Moncloa, vía moción de censura, con el apoyo de proetarras vascos y golpistas catalanes y  la promesa de que la corrupción en la vida pública d pasaría a formar parte del pasado.

Trascurridos cuatro años, puede comprobarse que ha ocurrido justo lo contrario.

 Como explica detalladamente José Barros, este 28 de mayo de 2022, en todo ese tiempo el PSOE se ha visto y sigue implicado en un reguero de tramas corruptas:

Sevilla, 40 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.

Caso Isofotón, tres ministros de Sánchez
La Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias. Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaran parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó el día 3 de julio de 2012 conceder ese préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.

Alcorcon insolvencia
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado en 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, PSOE, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa.

En la misma causa, además de la actual regidora, también fueron condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista, Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa. Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual, la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipio, que actualmente está en concurso de acreedores.

 Illa, mangancias en el 22 % de contratos
El 22 % de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, en los primeros meses de la pandemia con el entonces ministro socialista Salvador Illa al frente presentaron «incidencias». En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia.El resumen del tribunal estima que un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjeron distintas incidencias en su ejecución.

Hospitalet y Cornellá
El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá ordenó en 2021 a la Policía Nacional la entrada y registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Cornellá y del Consejo Comarcal de Deportes del Bajo Llobregat para buscar documentación sobre contratos presuntamente irregulares relacionados con el ámbito deportivo. Investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Los agentes se llevaron a cinco técnicos detenidos y siguen buscando documentación. El procedimiento deriva de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet. Está investigada la alcaldesa de este municipio, Núria Marín, de PSC.

San Juan, de pantano a ciénaga
La Guardia Civil detuvo en 2021 a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastra, y dos de sus concejales en la antigua corporación. Entre los arrestados también había al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares, que recibían ayudas municipales. En la denominada operación Pantano, junto a la exalcaldesa, fueron arrestados el ex teniente de alcalde socialista de la corporación, Luis Haro, y el exconcejal socialista de Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

UGT Madrid, corrupción sindical
El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato. López Reillo dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», según manifestó en su cuenta de Twitter. López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA.

Según dichas informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.

Santa Coloma, comisiones millonarias
El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ingresó a finales de 2021 en la cárcel de Cuatro Caminos, de La Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, provincia de Barcelona, para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria. Muñoz fue condenado por la Audiencia Nacional por formar parte de una red que se embolsó millones de euros, directamente o a través de intermediarios, en comisiones obtenidas mediante operaciones urbanísticas desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.

Vigo, alcalde y ayuntamiento
La mayoría absoluta del PSOE ha servido para que el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición para reprobar a la primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, por «el mayor caso de la corrupción» en la historia de la corporación municipal, se saldara con el rechazo todas las propuestas. La intención era que casos como el de la familiar de la también presidenta de la Diputación de Pontevedra no se vuelvan a repetir. Fue necesaria una alianza entre PP, Marea de Vigo y BNG para sumar los siete concejales necesarios y así forzar la celebración del pleno extraordinario, paso al que llegaron las tres formaciones tras pedir explicaciones tanto a Silva como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por organizar una trama para pagar a la cuñada de Silva más de 108.000 euros repartidos en contratos menores por unos trabajos que nunca realizó.

 Ximo Puig, Valencia y el hermanísimo
Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La investigación judicial se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigado, además de Puig y Juan Enrique Adell Bovell, su socio y administrador de Canal Maestrat, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano. El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios. En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.

Doña Carmen, Andalucía y la esposa de Espadas
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas en relación a la labor que desempeñaba Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, líder del PSOE-A, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe.

El juzgado demanda al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que aporte las bases reguladoras para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe. El objetivo es a tener en cuenta las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder a dichos puestos. La sospecha, expresada en términos coloquiales, sería que Ibanco entrase a trabajar en la administración pública andaluza gracias a un «enchufe» del PSOE.

UGT Asturias, el control para el fraude
El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en 2021 a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas. Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.

Prevaricación en Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura.

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