La Fiscalía ha señalado además que se ha ordenado que se tome «la declaración indagatoria» del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición
Internacional 31/05/2022
Impacto España Noticias
El fiscal de la Nación peruana, Pablo Sánchez, ha abierto una investigación preliminar al presidente comunista Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada «sin perjuicio de otros» ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones.
La Fiscalía ha señalado además que se ha ordenado que se tome «la declaración indagatoria» del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.
Ya abrió una investigación preliminar contra congresistas
El pasado 6 de mayo, Sánchez abrió investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Luis Flores, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.
La Fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
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