Los altos cargos de la Administración están obligados a presentar cada año la declaración de bienes y derechos patrimoniales. Se trata de un documento que los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado deben rellenar. Son unos informes que se llevan a cabo para dar transparencia a todas las instituciones públicas, donde los políticos deben hacer pública su situación económica. Estos datos pueden variar considerablemente de un político a otro.

Además, estos datos son publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en las páginas web de los organismos. Sin embargo, parece ser que algunos altos cargos se han escaqueado de esta obligación y han decidido ocultar su información. Se trata de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ninguno de estos dos políticos del Gobierno han querido compartir sus datos económicos.

 El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo público el pasado mes de marzo el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, de los secretarios de Estado y demás altos cargos, en los términos previstos reglamentariamente. Se trata de una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, aunque quedan omitidos de esta información los datos referentes a su localización.

También están excluidos aquellos que sea necesarios para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares. Además, estos documentos deben publicarse durante el primer trimestre de cada año natural y aparecerá recogido en el BOE los datos de los altos cargos cuya toma de posesión o cese que se haya producido en el año anterior.

Entre los datos que se recogen en este documento se encuentra los bienes inmuebles, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras imposiciones; acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas, deuda pública, obligaciones y bonos; acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas; seguros de vida y planes de pensiones; demás bienes y derechos de contenido económico; y pasivo.

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