La Fiscalía Superior de Valencia ha puesto este viernes una piedra en el camino hacia la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. El organismo cree que hay "indicios relevantes" contra la vicepresidenta en cuanto aforada y se muestra favorable a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigue a la política de Compromís por el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat.

En un comunicado publicado este viernes, la Fiscalía ha respaldado que, debido a la condición de aforada de la política, sea el tribunal superior quien investigue su implicación, y en su caso, enjuiciamiento "por resultar, por ahora, indicios relevantes" del encubrimiento de abusos por parte de su exmarido a una menor de edad.

El ministerio público apoya que se realicen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada en los hechos. Además, el organismo cree que no es el momento de decidir si este tribunal debe asumir o no la competencia respecto al resto de investigados en la causa.

 El pasado 1 de abril, el juez instructor pidió formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigara a Oltra y a varios trabajadores y puestos intermedios de la consejería de Igualdad, que también depende de la vicepresidenta, para saber en qué medida intervinieron en la realización de un expediente interno que el magistrado considera una "investigación parajudicial" con el objetivo de desprestigiar a la menor y su relato de los hechos (denunció abusos por parte de su monitor cuando este era el marido de Oltra).

El juez expuso su sospecha de que el personal de la consejería desplegó "una persecución contra la menor" y ya indició que había indicios racionales y sólidos contra la vicepresidenta valenciana. El pronunciamiento de la Fiscalía Superior de Valencia es un paso más en el procedimiento que, según todos los indicios, terminará con la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había dado, en una diligencia del pasado 31 de mayo, un plazo a las partes para que presentaran alegaciones en relación con la competencia de este órgano para decidir sobre la posible imputación de la vicepresidenta.

Al respecto, el Ministerio Público ha informado favorablemente de que el TSJCV es competente para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento, por resultar, por ahora, "indicios relevantes contra Mónica Oltra, en cuanto aforada por su condición de vicepresidenta del Consell".

La causa cuenta ya con seis cargos de la Consejería de Igualdad imputados, además de la directora y una psicóloga del centro de acogida en el que ocurrieron los hechos. El aforamiento de Oltra impide que la vicepresidenta y diputada pueda ser investigada por un juzgado de instrucción.

Diligencias para completar la investigación
Asimismo, insta a que se realicen "cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada".

Por lo que se refiere al resto de investigados, en momento posterior se valorará si se debe asumir la competencia. Tras estudiar las alegaciones de las partes, el tribunal decidirá si admite a trámite el procedimiento. En caso afirmativo, se producirá la imputación formal de Oltra, personada en la causa.

Este paso se ha producido después de que el juzgado instructor pidiera al TSJCV la imputación de Oltra al ver indicios delictivos. Se remitió a este órgano judicial ante la condición de aforada de la consellera.

Juicio anterior
Luis Ramírez Icardi, exmarido de la vicepresidenta pero todavía pareja en el momento de los hechos, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor de 15 años en un centro de protección.

El juicio se repitió por orden del TSJ tras hallarse un informe favorable al acusado, el resultado del dosier que dos años antes había encargado la consejería, que nunca se aportó al procedimiento. En este punto, Fiscalía e Igualdad se culpan mutuamente de la ausencia de este informe en la causa penal.

De nuevo, la Audiencia volvió a condenar al docente y, además, ahora le impuso la agravante de superioridad. El educador, que siempre ha negado las acusaciones, está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo. Ha pedido que se repita el juicio con otro tribunal diferente.

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