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George Soros detrás de la elección de fiscales en EEUU para repartir «justicia social»

Entre 2018 y 2021 el multimillonario defensor de la agenda 2030 habría aportado unos 13 millones de dólares a campañas electorales

Corrupción 08 de junio de 2022 Oriana Rivas
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George Soros

Un total de 75 fiscales estadounidenses que aplican la «justicia social» habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento del multimillonario progresista George Soros. Una nueva investigación detalla que el fundador de Open Society Foundations financió Comités de Acción Política (PAC) para promover sus candidaturas e influir dentro del sistema legal estadounidense.

Es así como unos 40 millones de dólares le sirvieron durante la última década para financiar campañas de fiscales, quienes hoy representan a «más de uno de cada cinco estadounidenses o más de 72 millones de personas, incluida la mitad de las 50 ciudades y condados más poblados de Estados Unidos, donde ocurren más del 40 % de los homicidios del país», cita el informe de Law Enforcement Legal Defense Fund.

El hallazgo demuestra una vez más cómo los tentáculos del magnate socialdemócrata tocan los distintos niveles del contexto político y social estadounidense. La muestra anterior ocurrió a inicios de mayo pasado cuando varias organizaciones sociales exhortaron a las empresas anunciantes de Twitter a iniciar un boicot contra Elon Musk por sus intenciones de comprar esta red social. Varios de esos grupos tienen detrás el financiamiento de Soros. Por este motivo, no sería una sorpresa descubrir su relación con la elección de fiscales.

En este sentido, tan solo entre 2018 y 2021 George Soros gastó uno 13 millones de dólares en 10 campañas de fiscales. Para hacerlo, utilizó «una serie de organizaciones ficticias, afiliados y comités de traspaso para dirigir las contribuciones a los candidatos y su sólida red de apoyo para los fiscales progresistas», citan los hallazgos de la investigación.

Financiamiento millonario

Dentro de la red figura «Missouri Justice and Public Safety» calificada por el portal Influence Watch como un PAC de centroizquierda creado en 2020 y que gastó «116.000 dólares» en la campaña de reelección de la fiscal de circuito de la ciudad de St. Louis, Kim Gardner. Agrega que la organización es la rama de Missouri de «Safety and Justice», un proyecto del multimillonario de izquierda George Soros.

Ese grupo representa el monto más bajo invertido entre 2018 y 2021. Hay otros mucho más elevados. Como el de dos millones de dólares para Kim Foxx para el condado de Cook, Chicago, o los 4,7 millones para financiar la candidatura de George Gascon como fiscal de distrito en Los Ángeles. Las conexiones está plasmadas en la investigación de 17 páginas.

Se mencionan también nombres de otros grupos como Fair and Just Prosecution (FJP) o Brennan Center. Este último, fundado en la Universidad de Nueva York, aboga por iniciativas de «desencarcelamiento» que incluyen la reforma de la fianza, liberaciones masivas de prisioneros debido al coronavirus y la reducción de sentencias. Mismos objetivos que persiguen grupos como Black Lives Matter (BLM).

«Transformar silenciosamente el sistema de justicia penal»
Puede que 75 fiscales parezca un número menor, pero resulta que en 2021 más del 40 % de los aproximadamente 22500 homicidios en EE. UU. ocurrieron en áreas supervisadas por estos fiscales electos. En este sentido, esas jurisdicciones reportaron más de un tercio de todos los delitos violentos y contra la propiedad.

 Lo que estos funcionarios hacen o dejan de hacer influye en el sistema penal, ya que en su posición son los encargados de formalizar acusaciones, hacer recomendaciones de sentencias y establecer las estrategias de juicio.

Que el multimillonario también esté involucrado en estas decisiones demuestra que los planes rumbo a la consolidación de una agenda izquierdista están hilando fino.

Debido a estos hallazgos, Jason Johnson, el presidente del grupo que ejecutó la investigación, advirtió lo siguiente para el Washington Examiner:

“Soros está utilizando el dinero de esa campaña y los cientos de millones más para apoyar a las organizaciones a transformar silenciosamente el sistema de justicia penal para peor, promoviendo políticas peligrosas y narrativas contra la policía para avanzar en su agenda radical”.

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