No hay precedente, en la historia de la democracia española, de un episodio diplomático tan perjudicial para España como el protagonizado personalmente por Pedro Sánchez con Marruecos y Argelia. Se trata de un caso imputable al presidente del Gobierno, autor de una iniciativa unilateral e individual -la de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental- que ha desarbolado la política exterior de España en el Magreb, el frente más sensible y peligroso para los intereses españoles.

Fue unilateral porque Sánchez no informó previamente al Partido Popular ni contó con su conformidad para un giro radical sobre una cuestión en la que tanto izquierda como derecha estaban históricamente de acuerdo. Y fue individual porque Sánchez esquivó no solo al Parlamento, sino también a su propio gobierno, hurtando así a su decisión de una mínima colegialidad, la cual, por otro lado, no habría obtenido si los ministros de Unidas Podemos hubieran sido coherentes con sus críticas actuales.

La famosa carta de Sánchez al rey de Marruecos, tan mal escrita como lesiva para España, no ha dejado de provocar problemas en cadena. El primero y más evidente es que Marruecos gana todo lo que España pierde. Sin la baza del Sáhara, España se ha desapoderado de un argumento de peso para reequilibrar unas relaciones bilaterales siempre tensas, pero necesarias para ambas partes.

Aguas jurisdiccionales, pesca, Ceuta y Melilla, inversiones, emigración y antiterrorismo son capítulos de una agenda común secular con Marruecos, en la que la posición de España sobre el Sáhara era un factor corrector del expansionismo nacionalista del reino alaui. Ahora, con el Sáhara entregado a Marruecos, el gobierno de Rabat juega con las fronteras, explota aguas jurisdiccionales y asienta su posición sin tener que decir media palabra sobre emigración y amenaza yihadista, porque no le hace falta. Se le entiende todo.

Lógicamente, cuando se rompe un equilibrio los efectos se manifiestan con el tiempo. El socio fiable que era Argelia dejó de serlo a las pocas horas de que Sánchez declarara ayer en el Congreso de los Diputados que «no hay problemas en relación con Argelia y el suministro de gas». El gobierno argelino suspendió de forma fulminante la vigencia del Tratado de Amistad entre ambos países y, por si fuera poco, la banca argelina recibió la orden de prohibir operaciones comerciales con España.

Esta crisis sin precedentes pone en jaque el suministro de gas a nuestro país y, desde luego, la política de precios con un indudable e inminente encarecimiento del gas, digan lo que digan los cada vez menos relevantes ministros de Sánchez. Y por otro lado, acrecienta el temor a una apertura desde las costas argelinas de nuevas vías de inmigración ilegal, como se está demostrando durante las últimas semanas con un progresivo aumento de embarcaciones en las Islas Baleares. El mismo día en que Argelia rompía el Tratado de Amistad con España, llegaron seis pateras desde sus costa. Hoy Argelia hace lo mismo que hacía Marruecos cada vez que le convenía.

Sánchez ha jugado con los intereses de España y aún no ha dado una explicación siquiera verosímil. Todo lo contrario. Y esta opacidad solo alienta especulaciones sobre la relación que ha podido haber entre la carta claudicante al rey de Marruecos y la información -mucha información- extraída del teléfono móvil del presidente del Gobierno.

En una fase de alta inflación a largo plazo, la amenaza sobre el suministro de gas argelina es muy preocupante, porque la economía española está sostenida con políticas muy frágiles de deuda y déficit públicos. La famosa «excepción ibérica» aprobada ayer por Bruselas para abaratar la energía mediante el control de precios del gas puede verse mermada por el uso que haga Argelia de la exportación de gas. En definitiva, Sánchez es responsable de una crisis que no ha hecho más que empezar.

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