Ajeno a las urgencias electorales y mítines de campaña, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde se investiga la trama de corrupción política de los ERE –el llamado «fondo de reptiles»–, no se descansa. El ritmo lo marca el incesante goteo de diligencias y autos que dicta el juez José Ignacio Vilaplana.

Cuatro exconsejeros del Gobierno socialista de José Antonio Griñán, Manuel Recio, Martín Soler, Antonio Fernández y Antonio Ávila,  habían impugnado un auto del instructor en el que se oponían a ser investigados por conceder 61 ayudas irregulares a la fábrica de componentes del automóvil Delphi de Puerto Real, en Cádiz.

El magistrado ha rechazado sus recursos de reforma y los mantiene como investigados en esta causa que indaga una «presunta mecánica delictiva» distinta al sistema fraudulento de los ERE.

Cuando llevaba casi diez años funcionando el método de concesión ilícito de subvenciones a empresas en crisis por el que han sido condenados dos expresidentes autonómicos, el Ejecutivo andaluz instauró un segundo «fondo de reptiles». Se trata de una nueva línea de ayudas opaca –sin bases reguladoras ni convocatoria pública– y específica para nutrir de dinero público a los extrabajadores despedidos por la planta gaditana.

El pozo sin fondo de Delphi
El 19 de marzo de 2010 se repartieron 57 ayudas por importe de 30.000 euros a través del director general de Trabajo, Juan Márquez. El 27 de octubre de ese año, su sucesor en dicho departamento de la Consejería de Empleo, Daniel Alberto Rivera, le otorgó cuatro ayudas más por la misma cuantía. En total, 1,83 millones de euros más enterrados en una multinacional cerrada en febrero de 2007 y que constituyó un profundo pozo de dinero público por los compromisos electorales contraídos por distintos gobiernos socialistas con los exempleados de Delphi.

Sólo en ayudas públicas del fondo de los ERE, la planta automovilística acaparó 126 millones de euros. Con posterioridad, la Junta ideó un plan de formación para recolocarlos, pero la mayoría no encontraron un empleo. Las dos vías de financiación han dado pie a dos causas, a la que se suma ahora unas terceras diligencias previas, pese al afán de los consejeros por que le diera carpetazo.

Las ayudas no tenían bases reguladoras ni estaban bajo control de los interventores de la Junta

«Se trata de hechos delictivos distintos y diferenciados de aquellos por los que se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la Audiencia Provincial de Sevilla». Mediante cuatro autos dictados el pasado 9 de junio, el juez defiende la necesidad de llevar a cabo una investigación para esclarecer hechos que nada tienen que ver con el caso ERE. Para empezar el dinero no salió del programa 31L, el llamado «fondo de reptiles», sino que las nuevas ayudas irregulares fueron «comprometidas y abonadas con cargo a créditos y fondos presupuestarios de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía».

Dicha consejería, dirigida, primero, por Soler y, después, por Antonio Ávila, se había puesto de acuerdo con responsables de la Consejería de Empleo –gestionada por Fernández y Recio– para instaurar este atajo con el que canalizar nuevas ayudas a Delphi. En este sistema entraba en escena un tercer actor, la Agencia IDEA, a la que «serían imputadas contablemente» las subvenciones. De este modo, se evitaba que fueran fiscalizadas previamente por la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, como era preceptivo, para conocer que el destino del dinero público.

Para el magistrado, no hay duda de que el acuerdo entre ambas consejerías era «manifiestamente irregular» porque un organismo ajeno a la consejería que abonaba las subvenciones, la Dirección General de Trabajo, «no podría conceder ayudas ni emitir órdenes de pago con cargo a partidas presupuestarias que no le corresponden». Y menos podía hacerlo sin que mediara «un convenio 'ad hoc' que a tal efecto le habilitase a ello».

Para ser excluidos de la causa, los exconsejeros habían esgrimido que la Audiencia de Sevilla ya la había archivado provisionalmente y que la resolución recurrida no estaba suficientemente motivada. Vilaplana razona que ésta es una investigación diferente sobre un nuevo sistema irregular de ayudas.

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