El Gobierno puso este jueves la pieza final de su blindaje a Indra. Joseph Oughourlian, dueño del 29% del grupo Prisa a través de Amber Capital, comunicó a la CNMV la adquisición del 4,2% del capital de la empresa tecnológica en plena guerra por el control de la compañía considerada estratégica por el equipo de Pedro Sánchez. Se presume que Oughourlian apoyará al accionista mayoritario, la Sociedad Pública de Participaciones Industriales (SEPI), junto con SAPA Placencia, que entró en la compañía en diciembre del año pasado. Un núcleo de control para asegurar que los objetivos de la compañía se alineen con los de Moncloa.

Con ello se cumple una de las prioridades empresariales de este Gobierno: eliminar la disidencia en Indra para poder dar plenos poderes a Marc Murta como máximo directivo de la compañía -actualmente es presidente no ejecutivo- e imponer su hoja de ruta en la tecnológica. Sin embargo, ¿cuál es el interés de Pedro Sánchez en controlar esta empresa?

Las fuentes consultadas indican que estamos hablando la única empresa en España y Europa que tiene intereses simultáneos en industrias tan sensibles como la Defensa y la ciberseguridad, claves en un contexto bélico como el de Ucrania y en una futura ciberguerra con países hostiles.

Aumento del gasto en Defensa

El Gobierno se ha comprometido a elevar al 2% del PIB su gasto en Defensa para el año 2030 y el pasado mes de marzo aprobó un plan nacional de ciberseguridad con más de 1.200 millones de inversión. Dos industrias que -considera Moncloa- deben estar supervisadas estrechamente por el Ejecutivo y para ello Indra es la mejor palanca de control.

Pero Indra también es una herramienta clave para los políticos. La tecnológica ya estuvo en el punto de mira durante la crisis de espionaje del programa Pegasus. Esta empresa era la responsable del ‘cortafuegos’ que debía haber alertado de intromisiones externas en el teléfono de Pedro Sánchez y de su equipo, pero falló en la detección de estas amenazas.

Desde la época de Mariano Rajoy los teléfonos móviles del presidente y sus ministros tienen instalada la aplicación COMSec que, desarrollada por Indra, ofrece una comunicación de voz segura entre teléfonos con la aplicación instalada y comunicación protegida con móviles y teléfonos fijos a través del servidor de Telefonía Unificada (STU). COMSec también es utilizada por las principales empresas del país para proteger las comunicaciones de sus altos directivos, por lo que su valor estratégico es clave.

Indra y el recuento de votos

Pero tener el control de Indra no solo significa tener la llave de la industria de ciberseguridad española sino que también permite tener acceso a todo su despliegue y desarrollo tecnológico en el área de Defensa -clave en plena guerra en Europa- y al sistema de gestión y difusión del escrutinio de los votos de, por ejemplo, las elecciones generales. En el sistema de gestión y difusión de elecciones, Indra suele ser casi siempre el elegido por el Gobierno para realizar esta labor. De hecho, en las últimas elecciones se le adjudicó el recuento por procedimiento de urgencia, es decir, sin concurso público.

Sin embargo, en el último año y medio, el Gobierno y la SEPI solo han encontrado trabas para ejercer este control. Primero con Fernando Abril-Martorell -cesado en mayo del año pasado- y luego con el nombramiento de Marc Murtra como presidente no ejecutivo y dos CEO: Ignacio Mataix y Cristina Gómez. Los otros accionistas de ese momento (fundamentalmente la Corporación Financiera Alba, que ya no está en el capital, y fondos de inversión) forzaron el nombramiento de dos consejeros delegados para evitar que Murtra contase con los plenos poderes de los que disponía su antecesor.

Es por ello que el Gobierno anunció la compra del 28% de la compañía «para dar un núcleo accionarial estable», es decir controlar la compañía mediante el consejo de administración y evitar que se frenen operaciones consideradas clave como la entrada de Indra en ITP Aero, bloqueada por los accionistas rebeldes que todavía quedan en la compañía. Y ahora ha encontrado nuevos socios para consolidar esta mayoría.

Dos ex diputados y un exministro

La voluntad de este nuevo grupo de control de SEPI con SAPA y Amber es hacer valer su peso en el consejo de administración. Uno de los objetivos del dueño de Amber es poder seguir creciendo en el capital de Indra y no se descarta que en el futuro pueda participar en el consejo de administración. Para ello necesitaría acercarse al 8% del capital. Un objetivo que SAPA Placencia espera cumplir en breve, por lo que han solicitado que se nombre como consejero dominical a Jokin Aperribay en la Junta de Accionistas del próximo 23 de junio.

Aperribay se sumará a los dos consejeros ya nombrados por la SEPI: Antonio Cuevas y Miguel Sebastián. Y a Juan Moscoso, que también sería nombrado este 23 de junio como tercer representante de la sociedad pública. El Gobierno ha podido nombrar a este nuevo representante después de que la sociedad pública superara el 23% del capital. Actualmente tiene el 25% y como adelantó este diario, llegará al 28% antes de la Junta de Accionistas.

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