Según el prestigioso activista en defensa de la infancia, el cirujano murciano Juan Mariano Pérez Abad, 3 de cada 10 niños tutelados por el Estado sufre abusos sexuales; esta gravísima denuncia la ha formulado en el discurso de apertura del II Congreso Nacional del Menor Tutelado celebrado el pasado sábado 25 de junio en Madrid.

Pérez Abad ha manifestado que “a muchos les sigue pareciendo increíble eso de que exista una trama de secuestros y explotación de niños en las Instituciones del Estado”.

En España –ha afirmado el Dr. Pérez Abad- «los responsables del Sistema de Protección de Menores son explícitamente conscientes de que forman parte de un entramado dedicado a la explotación económica de las tutelas”. “Tal vez sea más fácil creer que exista una corrupción tan monstruosa en la cúpula política, pero parece menos verosímil que ese auténtico ejército de todos los trabajadores sociales de nuestro país, de una forma consciente, se entregue abiertamente a formar parte de un negocio de trata de seres humanos, contrario a la vocación que inspira su oficio”, sigue manteniendo el activista en defensa de la Infancia. “En los trabajadores sociales la Ley los sube al pedestal, los nombra juez y parte y les confiere el poder absoluto sobre los niños y sus familias”.

 Dr. Juan Mariano Pérez Abad
"La actual Ley del Menor permite que a un padre le retiren la tutela por negarse a que su hijo asista a las ‘clases’ de Educación Sexual".
“Todo el mundo cree o piensa que los niños solo pueden ser tutelados por razones objetivas graves, como maltratos con palizas, abusos o prostitución, abandono, drogas o cosas por el estilo. Sin embargo, a nadie parece preocuparle comprobar las razones reales que se manejan en la práctica”.

Incluso la actual reforma de la Ley del Menor permite que a un padre le retiren la tutela por negarse a que su hijo asista a las clases de Educación Sexual. Realmente preocupante.

“Por eso –sigue sosteniendo Pérez Abad- y por muy extraño que pueda parecer, lo primero que proponemos es la drástica reducción de los fondos públicos destinados a la protección de menores. Que se invierta mucho menos dinero, pero que se le entregue directamente a las familias o a los cuidadores directos, evitando que esos recursos se queden en el entramado institucional que los gestiona”.

Pensemos que una familia con 3 hijos –añade el representante de la Asociación Nacional del Menor Tutelado- en situación de pobreza, podría vivir cómodamente con una ayuda de 1.000 € mensuales. Sin embargo, tutelar a sus 3 hijos, a razón de 7.000 € al mes, nos costaría 21.000 € a los contribuyentes. Ahorraríamos 240.000 € al año y nunca encontraríamos dónde podrían estar mejor cuidados que con su propia familia.

Además de evitar destrozar tantas familias y vidas, la reforma propuesta ahorraría mucho dinero al País y evitaría el peligro de invasión de nuestras calles por esa legión de ex tutelados inadaptados que, cuando llegan a su mayoría de edad, solo encuentran cobijo en la prostitución, la delincuencia y la marginalidad”.

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