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Gadea ordena a los proveedores de Internet que bloqueen el dominio acodap.com, de Fernando Presencia

Fernando Presencia y su asociación ACODAP van a ser investigados a fondo. El dominio ya no será accesible desde España. La Guardia Civil investigará el destino de cada euro donado al exmagistrado

Investigacion Judicial 30 de junio de 2022 CL
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Royuela, Presencia

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha dictado un mandamiento judicial dirigido a todos los proveedores de servicios de Internet españoles para que bloqueen el acceso al dominio www.acodap.com, de la llamada Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), de la que es presidente el exmagistrado Fernando Presencia.

Una medida que extiende a cualquier subdominio, y/o dominio web, dirección IP, URLs que «el responsable pudiera utilizar en iguales términos o que redireccionen a dicho dominio», dice el auto.

El mandamiento de Gadea ha sido enviado al Grupo Xfera Masmovil, Telefónica Móvil de España SAU, Vodafone España SAU, Orange Espagne SAU, R. Cable y Telecable Telecomunicaciones SAU, Euskaltel, Yoigo, Avatel Telecom SA, Onsicom, Digi Spain Telecom SL (Digimobil), BT-British Telecom España, Cablemel, Vodafone Enabler España SL, Open Cable, PTV Telecom (Procono), Least Cost Routing Telecom SL, Adamo Telecom Ibéria SA, Lobster, Airenet Networks del Mediterráneo SLU, Pepemobile SL (Pepephone) y Xtra Telecom.

La web de ACODAP estuvo alojada en el servidor de una empresa valenciana hasta el 19 de junio en que fue transferido a Francia.

ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A FRANCIA
El magistrado ha dictado una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades francesas procedan al cierre y/o bloqueo de la mencionada web, que se halla residenciada en el servidor de OVH SAS, una empresa que se halla en la localidad de Roubaix, fronteriza con Bélgica.

En dicha OEI el magistrado Gadea pide que se le aporte «copia completa del contenido» del dominio; lo borre íntegramente después, junto con las copias de seguridad; informe sobre los datos del titular y de los servicios contratados, junto con los contratos suscritos, medios de contacto, forma de pago y facturación emitida por dichos servicios; y facilite todas las conexiones de la citada página web, con indicación de direcciones IP, fecha y hora de conexión.

«Una vez recibida la respuesta a la Orden Europea de Investigación serán remitidos directamente a la Unidad Central Operativa (Departamento contra el Cibercrimen), (…) para su análisis y posterior cuenta a este Juzgado», añade Gadea.

EL JUEZ QUIERE SABER LO QUE PRESENCIA HA HECHO CON EL DINERO
El juez Gadea no se olvida del dinero recolectado a través de donaciones por ACODAP. Quiere saber quién ha donado y qué se ha hecho con el dinero.

Para ello ha ordenado a la entidad bancaria Liberbank que informe sobre la cuenta corriente de ACODAP.

En concreto pide que le entregue la «información obrante en sus archivos obtenida en el momento de la contratación del producto financiero por el cliente, que identifique a los titulares y personas o firmas autorizadas (documentación relativa a la identificación del cliente como: nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como el estado en el que se encuentran dichos productos».

Faciliten, ordena el magistrado a Liberbank, «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre la indicada cuenta bancaria, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones»
También exige que identifiquen todos los productos bancarios y financieros, «así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados en cada caso».

 Y para que faciliten «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre la indicada cuenta bancaria, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones».

Así como todos los movimientos registrados en dichas cuentas –saldo, ingresos pagos– desde su apertura hasta la emisión del mandamiento judicial, «identificando las cuentas de origen y destino así como las personas físicas y jurídicas intervinientes».

LA UCO DE LA GUARDIA CIVIL ANALIZARÁ LAS CUENTAS
«Una vez sean analizados los movimientos remitidos y en relación con aquellos que concreta y específicamente les soliciten los Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se faciliten las contrapartidas, información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegro e ingresos en efectivo por los importes que se especifiquen, remitiendo dicha Información en formato EXCEL», especifica el magistrado.

Dicho Grupo, además, va a tener acceso y consulta a la información que conste en el Fichero de Titularidades Financieras en todo lo relacionado con Fernando Presencia Crespo y ACODAP.

BÚSQUEDA DE PERJUDICADOS
El magistrado Gadea quiere también saber quiénes han sido las personas perjudicadas por las publicaciones de ACODAP y el número de denuncias interpuestas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas, un encargo que va a llevar a cabo la UCO.

 Las investigaciones también se van a extender a otro tipo de canales en plataformas como Youtube, u otras similares, en las que se pudieran estar difundiéndose las publicaciones de ACODAP, en referencia clara a www.eldiestro.es o el canal de Youtube de Santiago Royuela Samit.

Y, en su caso, que se «adopten las medidas oportunas para su cese o se solicite a la autoridad competente la emisión de los mandamientos oportunos para tal fin».

ROYUELA Y GRASA
El magistrado no se olvida tampoco de los autores de las denuncias contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra algunos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, contra la fiscal general del Estado, la ministra de Defensa, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y un largo etcétera, a los que Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa han acusado de corrupción y de tener millones de euros en el extranjero, fruto de supuestos sobornos.

Sin aportar ninguna prueba.

«Realizar gestiones a fin de identificar otros posibles responsables de los hechos, como los firmantes o denunciantes de los escritos que recogen los hechos publicitados en la página web de la ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA (ACODAP), investigando su vinculación con los hechos», instruye el magistrado Gadea a la Guardia Civil.

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