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Juanma Moreno estudia demandar al exjuez Presencia

Fuentes de San Telmo han asegurado que "es una falsedad absoluta que dijo en plena campaña para dañarnos sin aportar pruebas"

Noticias 03 de julio de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Fernando Presencia, Moreno Bonilla

La asociación ACODAP y su presidente, el ex juez Fernando Presencia continúan envueltos en polémicas judiciales. A la sucesión de denuncias de magistrados señalados por la asociación como presuntos receptores de sobornos en cuentas opacas, se ha unido otra probable acción judicial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, estudia demandar al exjuez Fernando Presencia por asegurar que él y su esposa guardan dinero en bancos de paraísos fiscales.

Fuentes de San Telmo han asegurado que "es una falsedad absoluta que dijo en plena campaña para dañarnos sin aportar pruebas" y que "hemos puesto en manos de nuestros abogados", en alusión a las declaraciones públicas de Presencia en medios como EDATV y a la información vertida en la sala de prensa de ACODAP.

El 12 de junio de 2022, una semana antes de las elecciones andaluzas, ACODAP publicó una nota de prensa en su web donde afirmaba que tenía pruebas de que Juanma Moreno y su esposa tenían cuentas en paraísos fiscales. La declaración iba acompañada con el enlace al programa del canal Estado de Alarma Uncensored donde el ex juez Fernando Presencia realizaba esas acusaciones. Tras cumplirse dos semanas de los comicios andaluces, aún no se han difundido las pruebas de la presunta evasión fiscal del presidente andaluz y su esposa, hasta la fecha no las ha aportado.

La web de ACODAP puntualizó que Fernando Presencia esperará a que se celebren las elecciones en Andalucía para hacer públicas las cuentas y formalizar la denuncia, circunstancia que aún no se ha producido. La asociación emplazaba en su nota al director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Vicente Puyol Sánchez, para lograr un acuerdo oficial que "garantice oficialmente que la persona que tiene en su poder la información sea protegida frente a las represalias conforme a la Directiva UE 2019/1937". Además de la protección ante las acciones jurídicas contra el denunciante, la asociación reclamaba otra garantía oficial: "que la documentación sea realmente investigada y no se guarde en un cajón".

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