La Guardia Civil investiga a un inspector de la Policía Nacional que trató de interferir en las pesquisas para esclarecer la posible implicación de varios dirigentes de UGT-Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron. Así consta en los informes de investigación del caso, que han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

El inspector de la Policía Nacional investigado es la pareja sentimental de la delegada de UGT en el Vall d’Hebron, C.L.P., a quien la Generalitat adjudicó a dedo en 2013 el uso y ocupación de la guardería que da servicio a los hijos de los 9.000 trabajadores del hospital para un periodo de 15 años. Aunque hay varias líneas de investigación abiertas sobre distintos hechos que afectan a distintos dirigentes autonómicos del sindicato, una de las piezas del caso se centra en el presunto uso fraudulento de la guardería del hospital para el blanqueo de capitales.

La Guardia Civil investiga todas las cuentas bancarias y el patrimonio del inspector de la Policía Nacional F.A.M.M. para esclarecer si se lucró o enriqueció ilícitamente a través de la guardería que preside su pareja, investigada por posibles delitos de apropiación indebida, falsedad y blanqueo de capitales en el centro infantil. Una guardería que, como reveló este diario, habría operado en la clandestinidad durante al menos seis años con el beneplácito del Instituto Catalán de la Salud (ICS) de la Generalitat de Cataluña.

La juez del caso UGT aparta a la Policía Nacional
La juez que lleva el caso encargó inicialmente la investigación a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a los Juzgados de Barcelona. Sin embargo, un año más tarde, los agentes de esa unidad pusieron en conocimiento de la magistrada que «la pareja sentimental de C.L.P. es inspector del Cuerpo Nacional de Policía» y que en dos ocasiones había «contactado con esta Unidad Adscrita con el fin de obtener alguna información con respecto de su pareja, desconociendo si éste también obtiene algún beneficio de la guardería».

Tras recibir esta información, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ordenó dar traslado de la investigación a la Guardia Civil. En concreto, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona asumió las pesquisas y recibió todas las averiguaciones realizadas hasta entonces por la Policía Nacional. Entre otras, las declaraciones efectuadas por varios testigos y denunciantes cuyos testimonios apuntaban a la comisión de distintos hechos delictivos e irregularidades cometidos en la guardería del hospital Vall d’Hebron.

En su primer informe, el 5 de febrero de 2020, la Guardia Civil señaló que las investigaciones practicadas hasta entonces por la Policía Nacional respecto de la guardería apuntaban a que la responsable de la misma, C.L.P., podía estar lucrándose a través del centro infantil. «No descartando que este lucro o enriquecimiento ilícito se hiciera extensible a su pareja o a la que está unida sentimentalmente, F.A.M.M», indicaban los investigadores del Instituto Armado en su primer informe.

 Investigan las cuentas del inspector
Por esta razón, los agentes solicitaron a la juez que se ampliara la investigación patrimonial también al compañero sentimental de la responsable de la guardería. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona aceptó la petición y libró diversos mandamientos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a distintos organismos de la Seguridad Social y al Banco de España. Uno de los objetivos es conocer el patrimonio, la situación tributaria y todos los préstamos, créditos y cuentas bancarias que el inspector de la Policía Nacional y su pareja tuviesen en España y en el extranjero desde el año 2013.

Un mes después, y de nuevo a petición de la Guardia Civil, la juez también se dirigió a cinco entidades bancarias en las que ambos tenían cuentas abiertas. La instructora subrayó que el patrimonio imputable a una persona investigada por blanqueo de capitales «suele estar a nombre de un tercero». «Razón por la que la investigación patrimonial también se extiende al compañero sentimental de la investigada», señaló la juez en un auto dictado el 28 de febrero de 2020.

 «Se cree conveniente realizar un estudio pormenorizado de las cuentas bancarias de las dos personas investigadas, conocer qué personas son los titulares y/o autorizados para operar con dichas cuentas, así como el cauce que siguen los movimientos de entrada y salida de dinero (origen y destino) para poder concretar si dichos movimientos pudieran tener su procedencia en alguna de las actividades ilícitas que se están investigando», indicaban los investigadores.

Investigan aún la «ingente documentación aportada»
La juez requirió a los cinco bancos información detallada de las cuentas de los investigados. Entre otra documentación, se han remitido todos los extractos de movimientos de cuentas y depósitos a nombre de la delegada de UGT y del inspector de la Policía Nacional. También datos identificativos de las transferencias bancarias recibidas y emitidas, y una relación de todos los productos financieros contratados por cada uno de ellos.

Ante «la ingente documentación aportada» sobre la situación patrimonial de los investigados -y también la referente a la asociación que preside la responsable de la guardería del Vall d’Hebron-, la juez prorrogó otros seis meses la investigación a petición de la Fiscalía. El actual plazo de instrucción concluiría el 29 de julio de 2022, por lo que la instructora deberá decidir en los próximos días si aprueba una nueva prórroga de la investigación.

«Se halla pendiente de concluir la investigación policial al hallarse pendiente el análisis de la ingente documentación recabada por la unidad de investigación policial, de tal modo que, en este momento procesal resulta imposible determinar las circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que hayan podido intervenir en su participación ni las eventuales diligencias de instrucción que proceda practicar en la averiguación de los hechos investigados», señalaba la juez en el auto en el que acordó la última prórroga de la instrucción.

Pagos en B y apropiación de recursos públicos
En uno de los informes de investigación del caso, la Guardia Civil detallaba los presuntos hechos delictivos descritos por los denunciantes y testigos a los que interrogó la Policía Nacional. Entre otras presuntas irregularidades, los agentes del Instituto Armado señalan la presunta utilización de recursos públicos del hospital y créditos sindicales, así como la posible emisión de facturas falsas y pagos en ‘B’ por trabajos de mantenimiento y obras que habrían sido realizadas en la guardería por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo.

Uno de los sindicalistas de UGT que han declarado como testigos durante la investigación manifestó «que la señora C.L.P. tenía una cuenta asociada a la guardería con un saldo superior a los 100.000 euros». Así lo indicaba la Guardia Civil en un informe en el que concluía: «Por todo lo expuesto es factible que la señora C.L.P. pudiera haber incurrido en la comisión de los supuestos delitos de falsificación y apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales».

La denuncia que dio origen a la causa, no solo se dirige a las irregularidades supuestamente cometidas en la guardería del Hospital de Vall d’Hebron. Abarca también otros hechos presuntamente delictivos de corrupción por los que se señala a una decena de miembros de UGT. Entre ellos, algunos de sus principales líderes a nivel autonómico.

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