La Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu ha provocado indignación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Ningún miembro de la organización terrorista ETA jamás luchó ni ha luchado por la consolidación de la democracia. Quieren reescribir el futuro enterrando el pasado y blanqueando a etarras y a sus herederos», denuncian desde Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, en alusión al apoyo decisivo de la formación de Arnaldo Otegi.

Los guardias civiles se unen así a las críticas que provoca la ley que, según se ha jactado Bildu, «abre un camino para cuestionar el relato de la Transición ejemplar».

 Entre las polémicas concesiones a los proetarras figura la creación de una comisión que investigue los primeros años de la democracia, hasta diciembre de 1983. La investigación incluirá, por tanto, a los gobiernos de UCD y un año del de Felipe González (PSOE) y su finalidad será, según el texto, "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura”, señalando, además, «vías de reconocimiento y reparación» de las víctimas.

De esta forma, y a instancias de Bildu, se investigarán los presuntos abusos policiales durante los primeros años de la democracia, reconociendo víctimas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos».

«Nuestras enmiendas han mejorado el texto. Pero con su aprobación no finaliza la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas», avisó recientemente la diputada de Bildu en el Congreso, Bel Pozueta.

Sánchez convierte de nuevo a Bildu en un aliado de primer orden para sacar adelante sus proyectos legislativos y le otorga la capacidad de reescribir una parte fundamental de la historia, ampliando la consideración de «víctima» en su intento de que los proetarras sean también considerados como tal.

Precisamente, la imagen del desplante de Bildu a las víctimas de ETA se verá este mismo domingo, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua.

Sortu, partido mayoritario de esta coalición, ya ha anunciado que no acudirá. Su líder, Arkaitz Rodríguez, ha señalado que «queda un largo camino que recorrer para conseguir el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas» y ha aseverado que «todavía hay víctimas de primera y de segunda».

Al acto no acudirán tampoco algunas asociaciones de víctimas, como la AVT o Dignidad y Justicia -que preside Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA- en rechazo a la política penitenciaria de Pedro Sánchez con los presos etarras y sus pactos con Bildu para sostenerse en La Moncloa.

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