La transición energética en Europa ha dado un nuevo paso este miércoles para considerar el gas y las nucleares como energías verdes. Así lo ha ratificado el Parlamento Europeo, al aprobar que ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideren sostenibles, como había propuesto la Comisión Europea. Pese a que este cambio abrirá la puerta a que reciban subvenciones y financiación, la medida no es compartida por todos los Estados. Entre los que se posicionan en contra está el Gobierno español, cuya ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya alertó hace meses que esta decisión "mandaría señales erróneas para la transición energética".

Tras este posicionamiento a favor por parte de la Eurocámara, el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros y es el otro colegislador, aún puede rechazarlo si antes de la medianoche del 11 de julio se oponen el 72% de los países (20 de 27) y estos representan al menos al 65% de la población de la Unión Europea (unos 290 millones de personas). 

 Este escenario es altamente improbable, ya que, como apuntan fuentes europeas consultadas, no son suficientes los países posicionados en contra de la medida, entre los que se encuentra España, pero también Austria, Luxemburgo y Dinamarca. Esos tres países han amenazado incluso con llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, otros como Francia y Alemania, este última sobre todo por la inclusión del gas en la lista, se han declarado a favor de la medida. De salir adelante, quedará aprobada la clasificación para orientar las inversiones futuras que considera "sostenibles" las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.

 El Gobierno español, en contra de la medida
Cuando a principios de año la Comisión Europea lanzó la propuesta, el Gobierno de España se apresuró a posicionarse en contra, argumentando que esta medida frenaría el avance de las renovables, ya que recibirían menos inversiones. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó entonces que el Ejecutivo "no las consideraba energías verdes ni sostenibles".

 "No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética en el conjunto de la UE", reconocía Ribera. Varios meses después, la ministra aseveró ante las Cortes Generales que "el Gobierno no tiene nada en especial en contra de la nuclear, pero sí piensa que hay mejores alternativas para España desde el punto de vista industrial, energético y social".

En abril de este mismo año, Ribera aseguró que en España no había ninguna empresa que quisiera invertir en nuevas centrales nucleares y remarcó que la emergencia climática obligaba al despliegue de tecnologías limpias, como las renovables, cuya instalación sea más rápida y barata.

Desde Unidas Podemos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, dijo meses atrás que "Europa tiene la oportunidad de reconsiderar esta decisión para evitar alejarse de la evidencia científica y la demanda social".

Este miércoles, el Partido Socialista Europeo ha votado en contra de la propuesta de la Comisión, al considerarlo un greenwashing, nombre que recibe el blanqueamiento del ecologismo por parte de instituciones o empresas.

 En el caso de los partidos españoles, los eurodiputados españoles del PP, Vox, la mayoría de Ciudadanos y el PNV se pronunciaron este miércoles a favor de consideración de sostenibles de las centrales atómicas y de generación con gas, mientras que el PSOE, Unidas Podemos, JxCat, ERC y Bildu se expresaron en contra.

Por su parte, el PP acusa al Gobierno de realizar una "política naif" y cree que si se mantiene el cierre previsto de la nuclear, el carbón está cerrado y no se quiere desarrollar la hidroeléctrica, no tienes capacidad de producción eléctrica, porque aseguran que con las renovables en este momento no es suficiente.

El actual plan del Gobierno de cara a las centrales nucleares (que cuenta ya cuenta con un calendario exhaustivo) es cerrarlas y desmantelarlas de forma escalonada entre 2027 y 2035. Además, aunque no se espera que estén operativos hasta 2060, en el año 2024 se comenzarán las labores para encontrar un lugar en el que enterrar de manera definitiva los residuos radioactivos a una profundidad de medio kilómetro.

En la actualidad hay cinco centrales nucleares en funcionamiento, dos de las cuales disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman siete reactores de agua ligera, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 Megavatios. Además, el sector genera 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Héctor Dominguis, ha pedido al Gobierno este miércoles que en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 2023 se replantee el calendario de cierre de las centrales, así como la carga fiscal que esta energía soporta.

Dominguis ha reconocido la satisfacción del conjunto del sector nuclear español por que "por fin se haya impuesto el criterio científico al político" y ha insistido en que "la nuclear tiene un impacto equivalente al de las renovables en el medio ambiente".

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