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El juez imputa a tres miembros de ETA por el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco

El magistrado acuerda citar a declarar en calidad de investigados a José Javier Arizcuren Ruis, alias ‘Kantauri’; Miguel Albisu Iriarte ‘Mikel Antza’; y María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’

Investigacion Judicial 08 de julio de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
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Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. En un auto, el magistrado acuerda citar a declarar en calidad de investigados a José Javier Arizcuren Ruis, alias ‘Kantauri’; Miguel Albisu Iriarte ‘Mikel Antza’; y María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. Todos ellos por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista. El juez también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos

El magistrado ha tomado la decisión al considerar que el reciente informe de la Guardia Civil acredita que todos ellos, como miembros del «comité ejecutivo de ETA» y por tanto plenamente conocedores del secuestro del exconcejal del PP. El juez acepta imputarlos al considerar que podrían ser responsables por autoría mediata y acción por omisión, tal y como pedía en su querella la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

De acuerdo con dicho informe, señala García Castellón, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, tuvieron «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado».

Pudieron parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco
«Eran plenamente conocedores de la existencia del secuestro de señor Blanco ya no solo por haber decidido, planificado y ordenado la misma, sino porque se responsabilizó de su secuestro a través de los medios de comunicación social poco después de llevarlo a cabo, y de la elaboración del comunicado justificando la acción terrorista, y eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima», indica el juez en su auto, fechado este viernes.

Según el juez, los miembros del “Comité ejecutivo” de ETA ya señalados ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad.

Pero pese a los múltiples llamamientos que, tras el secuestro de la víctima, se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad civil española y de la clase política dirigente en ese momento, prosigue  el instructor los miembros del “Comité ejecutivo” de ETA «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro (acción cometida por los integrantes del comando Donosti siguiendo sus directrices) ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado», resalta el instructor.

 «En ningún momento intentaron evitar o impedir, pudiendo hacerlo, el asesinato. La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del “Comité ejecutivo” de ETA», añade García Castellón.

La estrategia de ETA desde 1994
El juez, que ya que fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia político-militar orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.

Entre 1993 y 1994, el nuevo Comité ejecutivo planificó y puso en marcha la denominada «estrategia de desestabilización», que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos de ETA, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532, días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real. De ese nuevo Comité ejecutivo, apunta el escrito, formaban parte los tres responsables de la banda terrorista ahora investigados.

«La víctima de esta acción, Miguel Ángel Blanco en su calidad de miembro del citado partido político, se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través del “Comité ejecutivo” de la misma, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política. Las comunicaciones orgánicas dirigidas en esas fechas por el responsable del “Aparato militar” de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri‘, a otro comando de ‘liberados‘ de la organización terrorista, el comando Bizkaia, así lo pusieron de manifiesto», indica el juez.

Pide a Francia la extradición de ‘Kantauri’
Por todo ello, el magistrado ordena citar como investigados a los tres exjefes de ETA. En el caso de ‘Kantauri’ se acuerda la emisión de nueva Orden Europea de Detención (OED) para interrogarle por estos hechos al haber sido denegada una anterior por Francia por defectos formales.

En un escrito fechado el pasado 5 de julio, la Fiscalía expresó al juez su interés en que se emita y transmita a las autoridades francesas una nueva orden europea de detención contra Jose Javier Arizkuren Ruiz, habiendo sido denegada la entrega por las autoridades francesas la anteriormente librada por motivos referidos al Auto de 13 de abril de 2016 que deben ser subsanados en la nueva orden de detención.

 Asimismo, el Ministerio Público señaba que «de lo informado por la Guardia Civil aparecen indicios de la participación de los citados miembros del Comité Ejecutivo de ETA, quienes estuvieron al frente de dicho comité respectivamente hasta el 3 de octubre de 2004». «El fiscal interesa que se dirija el procedimiento contra ellos dada la gravedad de los hechos imputados, la grave alarma social que provocan los mismos que fue buscada por los citados que llamaban la atención que el secuestro es lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza, y los indicios de criminalidad contra los mismos reflejados en el informe anterior», añadía el fiscal en su escrito.

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