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Se admite denuncia en la justicia europea del caso UGT Andalucía

En la denuncia presentada exponemos el quebrantamiento de los principios fundamentales y  derechos recogidos en la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que  informan infracciones

Noticias 14 de julio de 2022 Impacto España Noticias Impacto España Noticias
OIP (2)
Corrupción

Desde la asociación andaluza, Alianza Contra la Corrupción, queremos informar que presentamos 
denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra los órganos jurisdiccionales 
españoles por el incumplimiento por acción u omisión del Derecho de la Unión Europea, contra la 
falta de controles en los conflictos de intereses entre el poder ejecutivo y judicial en España, y contra la 
vulneración del principio de juridicidad propia del estado de derecho , dando lugar entre otros casos a la 
infame condena de dos años de prisión contra el informante del caso de las facturas falsas de UGT-A, Sr. 
Macías Chávez. 

En la denuncia presentada exponemos el quebrantamiento de los principios fundamentales y 
derechos recogidos en la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que 
informan infracciones al Derecho de la Unión (Whistleblowers), y del derecho a la libertad de información, 
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Desde nuestra asociación entendimos que la Jueza sustituta Ilma. Sra. Ana María León Gallego y el 
Fiscal “Anticorrupción” Ilmo. Sr. Fernando Soto Patiño, conculcaron los principios de primacía del 
Derecho de la Unión y de interpretación conforme de la norma nacional, el derecho a un juicio justo 
por un tribunal independiente, el principio de juridicidad penal, el de tipicidad y el de proscripción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Consideramos que calificar condenar a una persona calificando como secretos de empresa algo sobre lo 
que existe obligación de denunciar podría suponer una flagrante violación a la protección a la Directiva, 
que en el apartado 3, artículo 21: 

“Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información 
que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya de por 
sí un delito. En el caso de que la adquisición o el acceso constituya de por sí un delito, la responsabilidad 
penal seguirá rigiéndose por el Derecho nacional aplicable. “ 

Como regla general, dice la denuncia, el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que 
tendrá la obligación de denunciar el que tenga conocimiento de la perpetración de cualquier delito público, 
pudiendo ser sancionado en caso contrario por falta de colaboración con la Administración de Justicia 
(STS 1016/2012, de 20 de diciembre). Y las denuncias públicas a medios de comunicación constituyen 
una forma lícita de denunciar según la normativa nacional y según la propia Directiva Whistleblowers, que 
en su artículo 21, apartado 2 dice: 

“no se considerará que las personas que comuniquen información sobre infracciones o que hagan una 
revelación pública de conformidad con la presente Directiva hayan infringido ninguna restricción de 
revelación de información, y estas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha 
denuncia o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación 
o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción.”

Ante el relato de los hechos expuestos, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, nos comunica
que han examinado nuestra petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea 
entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por ello, he pedido a la Comisión 
Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto. 

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