Los primeros pasos de Álvaro García Castaño al frente de la Fiscalía General del Estado vienen marcados por sus decisiones al frente de la Secretaría Técnica que dirige. El letrado reciente sustituto de la exministra de Justicia Dolores Delgado ha provocado una situación de malestar en el seno del organismo, en especial tras su decisión con respecto al juicio por el asesinato a manos de ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco: apostar por la prescripción de la causa en contra del anterior criterio, que señalaba que los delitos aún no habían prescrito.

La Audiencia Nacional, a través del fiscal jefe Jesús Alonso, ha señalado al fiscal Vicente González Mota un cambio de postura en el juicio contra Mikel Antza y Anaboto, históricos dirigentes de ETA que habrían ordenado el asesinato de Blanco, tras consultarlo con Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida por el futuro fiscal Castaño.

El fiscal general asegura que el delito ha prescrito
Mientras que Mota ha defendido durante todo el proceso que los delitos aún se mantienen vigentes al tener en cuenta el momento de su detención y no del asesinato —a causa de que ambos permanecían en la dirección del grupo, ordenando de esta forma otros crímenes y alargando, en la tesis del fiscal, el tiempo de comienzo de la prescripción—; Castaño ha emitido una valoración diferente, en la que la muerte del concejal marca el comienzo del plazo para la extinción del delito, por lo que ya se habrían sobrepasado los 20 años en los que este hecho se produce, invalidando así la innovadora propuesta de Mota para juzgar a los dirigentes que fijaba este límite en 2024.

La información indica que Alonso habría consultado a Castaño esta situación ante la relevancia que podría haber supuesto en otras investigaciones que afectan a la banda terrorista y a exdirigentes de la misma. La postura del futuro fiscal general sería la de apostar por la prescripción en esta causa.

Estas discrepancias con el criterio de Mota provocaron que el fiscal de la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco no se presentará en el interrogatorio del juicio contra Antza y Anaboto. Aunque inicialmente había planteado el cumplir con sus obligaciones, finalmente se decidió que en su lugar acudiera el fiscal Pedro Rubira, quien llegó a cuestionar la relevancia probatoria a los informes de la inteligencia policial para sorpresa de las acusaciones populares.

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