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PSOE y Unidas Podemos avanzan con los nuevos impuestos a banca y energéticas: a qué empresas afectará y cuánto esperan recaudar

El sector bancario, representado por AEB y CECA, denunció que el nuevo impuesto será un obstáculo para la recuperación económica y la creación de nuevos empleos

Economia 30 de julio de 2022 Hernán Martín
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Bancos

PSOE y Unidas Podemos presentaron, ante el Congreso, una propuesta para gravar impuestos a la banca y a las empresas energéticas, esto permite dar inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos para las grandes entidades financieras y empresas energéticas (lo que incluye a las compañías eléctricas, gasistas y petroleras).

Se espera que el nuevo impuesto a las eléctricas recaudará el 1,2% de los ingresos brutos de todos los grupos que ganen más de 1.000 millones de euros al año.

Para evitar que las empresas lleven el coste del impuesto a sus clientes, el Gobierno estableció, en su proposición, una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (popularmente conocida CNMC) será el órgano encargado de controlar que el gravamen no repercuta sobre los ciudadanos en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC colaborará con el Banco de España.

Por otra parte, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior. 

Un detalle muy importante es que los tributos se exigen solo a los grandes operadores, tomándose como referencia las cifras de 2019, año anterior al comienzo de la pandemia de coronavirus. 

 El gravamen a las empresas energéticas.

 Las compañías eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en el 2019 tendrían que abonar por este nuevo impuesto un 1,2% del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a los años 2022 y 2023. 

Quedarán excluidos del pago de la prestación aquellas compañías cuya parte energética suponga menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios. 

Para simplificar: solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados importantes de acuerdo a dos parámetros principales: 

Cifra neta de negocios que supere los 1.000 millones de euros en el 2019.
Que la actividad energética sea su ocupación principal.
 El gravamen a las compañías bancarias.

 El nuevo impuesto afectará los intereses netos y las comisiones netas con un 4,8%. Esta prestación será obligatoria para todas las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes en el 2019 superaron los 800 millones de euros.

 Oposición y críticas.

 El Gobierno planea reunirse con los sectores afectados por estos nuevos impuestos para explicarles todos los detalles de los mismos, aunque los referentes de estas compañías ya han protestado públicamente contra lo que consideran una medida confiscatoria.

PSOE y Unidas Podemos, además, deberá enfrentar la tramitación de su propuesta en el Congreso de Diputados, donde deberán aceptar, con toda seguridad, enmiendas por parte de los demás grupos políticos.

 El dinero que el Gobierno espera obtener con estas medidas.

 La nueva tasa debería recaudar 2.000 millones de euros anuales de las compañías energéticas y 1.500 millones de euros de la banca.

 Reacciones en contra.

 El sector bancario, representado por AEB y CECA, denunció que el nuevo impuesto será un obstáculo para la recuperación económica y la creación de nuevos empleos.

En un comunicado conjunto, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) también advirtieron sobre las consecuencias que puede tener este gravamen para la estabilidad financiera del país.

José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco Santander, estimó que los 3.000 millones que prevé recaudar el Ejecutivo en dos años a costa de los bancos equivale a 50.000 millones en créditos que se perderán. 

“Pueden sufrir un impacto los accionistas, pero también la economía en general”, advirtió el especialista. 

AEB y CECA expresaron en su comunicado que están dispuestos a “dialogar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios en su tramitación, sobre la base de un adecuado encaje con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica”.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) señaló que la introducción del nuevo gravamen extraordinario dirigido a las empresas eléctricas “no está justificada por la existencia de beneficios extraordinarios, ya que estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha”.

La patronal de las grandes empresas eléctricas (que cuenta entre sus asociados a Endesa, Iberdrola y EDP España) también advirtió que estas medidas “generan inseguridad en los inversores y se alejan de las buenas prácticas regulatorias por su elevada complejidad técnica y su carácter sobrevenido”.

AELEC también remarcó que hay “una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversión”.

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