El sector automotor (fabricación, venta y reparación) perdió 23.700 puestos de trabajo en el segundo trimestre de este año. Para traducirlo en números: de los 574.100 empleados que trabajaban en la industria automotriz el año pasado se pasó a 550.400 este año.

Además, la fabricación de vehículos en España se situó en 465.029 unidades entre enero y marzo del 2022, lo que representa una contracción interanual del 18%, al tiempo que el volumen industrial en marzo bajó un 25,3%, hasta posicionarse en las 149.229 unidades.

 Un problema inmenso

 El chip es el microprocesador que hace funcionar a productos tan diferentes como celulares, ordenadores, aviones, electrodomésticos, equipos médicos y, por supuesto, coches.

Esos semiconductores procesan los 100 millones de líneas de código que permiten controlar un vehículo y, por ese motivo, son cada vez más fundamentales para la industria automotriz, especialmente con la llegada de los coches eléctricos e híbridos, que exigen una mayor digitalización. 

Según la Asociación Europea de Componentes de Automóviles (CLEPA) “un vehículo hoy en día ya contiene alrededor de un centenar de chips semiconductores avanzados, y el número aumentará en el futuro”.

El problema es que el sector automotriz español, por la pandemia, redujo drásticamente sus pedidos de chips, y ahora los fabricantes no quieren venderle la misma cantidad que antes de la llegada del virus a los empresarios de nuestro país porque reasignaron sus productos hacia mercados más lucrativos.

Desde la patronal ANFAC reconocen que España “sufre desabastecimiento de microchips”, lo que condiciona seriamente su producción y se traduce en una pérdida de empleos que puede aumentar drásticamente los próximos meses si no se logra revertir la situación a tiempo. 

La solución perfecta sería que España tuviera sus propias fábricas de chips, pero no contamos con los recursos ni con el tiempo necesario para implementar una medida así, como explica Xavier Farrés, profesor de ESADE: “Arrancar una planta de ese tipo es un proceso muy complejo que responde a cuestiones nanométricas, con una industria muy sofisticada y eficiente, pero también muy planificada. Y no se pueden acumular existencias porque son extremadamente caras”. 

En pocas palabras, es necesario comprar los chips afuera.

Made in China o Made in EEUU.

 Según un reporte de Boston Consulting, el 40% de los chips de la próxima década se construirán en China, lo que provocó la lógica alarma de Estados Unidos. 

El presidente Biden leyó una carta firmada por congresistas y senadores republicanos y demócratas en la que estos alertaban que el Partido Comunista chino “tiene planes agresivos para reorientar y dominar la cadena de suministro de los semiconductores”.

Por ese motivo, Washington puso en marcha un plan de 50.000 millones de dólares que permitió a compañías como Taiwán Semiconductor Manufacturing, Intel y Samsung abrir fábricas de chips en territorio norteamericano.

Biden enfatizó que es hora de actuar: “China y el resto del mundo no están de brazos cruzados, y no hay razones por las que los americanos debamos estarlo”.

 ¿Y España qué?

Siguiendo el ejemplo de sus colegas, el presidente Pedro Sánchez anunció a fines del año pasado un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) dotado de 11.000 millones de euros con el objetivo de impulsar la fabricación de microchips en España. 

“Los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y adquieren una importancia geoestratégica mundial en un contexto de transformación digital”, afirmó el mandatario, sin embargo, la realidad es que, por ahora, y pese al esfuerzo gubernamental para atraer inversores con el PERTE, España quedó afuera de los planes de las grandes compañías constructoras de chips que eligieron como destino otros cuatro países europeos para radicarse: Alemania, Irlanda, Italia y Francia.

El portal especializado Motor.es sintetizó muy bien el problema: “Nadie quiere los 11.000 millones que tiene España para fabricar chips”.

Tras este fracaso, Sánchez no quiso hacer más declaraciones sobre el tema, pese a su promesa original de traer más y mejores trabajos a los ciudadanos españoles (o, al menos, cuidar los que ya existían, algo de lo que pueden dar fe esos 23.700 operarios que han perdido su trabajo este año). 

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