Si una crisis pusiera en peligro los servicios esenciales, el Gobierno podría, según la Ley de Seguridad Nacional promovida por el presidente, incautar cuántos bienes privados quiera y reclutar a todo español mayor de 18 años para que trabaje para el estado de forma gratuita.

Esta polémica legislación, que fue aprobada primero en el Consejo de Ministros y después en el Congreso, de no modificarse su contenido en el periodo de tramitación, le daría al ejecutivo poderes casi absolutos.

Desde el Partido Popular salieron a criticar duramente la situación: “Es una línea roja indiscutible. Esta ley, tal y como está concebida, convertirá al ciudadano en un bien de uso público, sin derechos propios y sin posibilidad de resarcimiento. Pedro Sánchez puede confiscar los bienes a los ciudadanos y obligarles a que realicen funciones o prestaciones sin recibir ningún tipo de compensación económica a cambio”.

Por su parte, desde Ciudadanos expresaron: “No nos sorprende. Tampoco que el Gobierno discrepe públicamente del propio Gobierno. Y, en este caso, que el Ejecutivo de Sánchez ignore hasta sus propios informes es el colmo del surrealismo. Nadie lo entiende. El Gobierno sigue con el mismo 'modus operandi' utilizado desde que llegó a Moncloa: ignorar los informes internos y consultivos, pasar por encima de las instituciones y contrapesos del Estado, retorcer los plazos, como en el abuso de los decretos-leyes para ajustarlos a su agenda política e, incluso, eludir la aplicación de la Constitución y las sentencias judiciales”.

 ¿Qué dice la polémica ley que promueve Sánchez?

 La legislación es muy clara en sus objetivos desde el comienzo: “La actuación de la seguridad nacional, mediante la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones publicas afectadas, e incluso aquellos que estuvieran en mano de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico”.

Es decir, Pedro Sánchez podrá, “si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan”, expropiar cualquier propiedad pública o privada que considere clave, sin pasar por el Congreso ni por el Consejo de Seguridad Nacional.

Además, la ley le otorga al presidente “la potestad de dictar directamente el Real Decreto de declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional”.

La normativa también establece claramente que el presidente puede reclutar a quien quiera y hacerlo trabajar para el gobierno sin pagarle un centavo por sus servicios: “En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará́ obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan”.

La nueva legislación permite, además, que el ejecutivo se apropie de bienes públicos o privados sin pagar indemnización por ellos: “Se podrá́ proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así́ como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades”. 

Finalmente, la nueva ley abre la posibilidad de nacionalizar empresas para crear “una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial”.

En resumen, tal como está redactada la normativa, Sánchez no necesitaría permiso de nadie para intervenir empresas, reclutar ciudadanos o apropiarse de bienes privados si considera que existe una situación de crisis que así lo amerite.

Lo más inquietante es que esta legislación guarda muchos paralelismos con la Ley de Seguridad de la Nación de Venezuela, aprobada en el 2002 por Hugo Chávez y reformada en el 2014 por Nicolás Maduro.

Desde el PP advierten: “No compartimos el texto, enmendaremos en profundidad el mismo para proteger la seguridad nacional de un presidente como Sánchez”.

La pregunta es si conseguirán detener este proyecto a tiempo o todos deberemos inclinarnos ante un presidente todopoderoso más pronto de lo que pensamos, un hombre capaz de planificar, paso a paso, una jugada maestra para conseguir una posición única e inexpugnable.

Las palabras que Domingo Faustino Sarmiento usó para describir a Juan Manuel de Rosas, el hombre que dominó Argentina durante casi tres décadas, podrían aplicarse, en este momento, a Sánchez: “corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo”.  

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