content="aHR0cHM6Ly9pbXBhY3RvZXNwYW5hbm90aWNpYXMuY29t" />

Impacto España Noticias Impacto España Noticias

Pedro Sánchez quiere tener el control e impulsa una controvertida ley para censurar a la prensa y multarla

Pedro Sánchez acusó, días atrás, a los medios de comunicación de “intoxicar” a la opinión pública, y declaró que se encuentra con “noticias que ni siquiera he pensado”

Nacional 17 de agosto de 2022 Hernán Martín
OIP (1)
Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá multar a periodistas y medios de comunicación si se aprueba la Ley de Información Clasificada, también conocida como Ley de Secretos Oficiales.

Esta normativa establece altísimas sanciones económicas para cualquier particular o empresa que divulgue datos que entren en cuatro categorías: “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” o “restringido”.

La nueva normativa establece que el monto de la multa dependerá de la gravedad de las infracciones: en el caso de información restringida o confidencial se pagarán cincuenta mil euros; en el caso de secreto o alto secreto el monto sube hasta los tres millones de euros.

De acuerdo a la nueva ley “a la hora de fijar la cantidad exacta de la multa, el Gobierno tendrá que valorar criterios como la relevancia de la información para la seguridad de España, el daño causado o la actitud del sancionado. Si se negase a dejar de difundir información o no colaborase con las autoridades, la sanción sería mayor”.

 Todos unidos contra la censura oficial

 Más de 15 organizaciones periodísticas han protestado contra lo que consideran un atropello a la libertad de prensa y un intento poco disimulado, por parte del presidente, de censurar a todas las voces críticas con su mandato.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechazaron el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al considerar que “limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”.

FAPE y APM además señalan que el acceso de un periodista a información confidencial o restringida “no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información. Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas. La ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los límites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Las organizaciones también rechazan que la nueva ley “impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos”.

Aurelio Martín vicepresidente de FAPE, remarcó: “Entendemos que la ley que se pretende aprobar supone tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”.

Para dar un ejemplo claro del impacto negativo de la normativa impulsada por Sánchez, Martín explica: “Bastaría con que los casos de corrupción política y económica procedentes de una investigación periodística fuesen clasificados por las autoridades con las categorías de confidencial o restringido para hacer inviable la difusión de cualquier documento”.

Por su parte, Access Info Europe condenó “la apertura de una consulta pública con un plazo increíblemente corto sobre la nueva ley de información clasificada para reemplazar a la ley franquista de secretos oficiales de 1968, aún vigente”.

         “Hacer una consulta en pleno agosto sobre una ley que afecta a derechos fundamentales constitucionales, tales como la libertad de información, es escandaloso”, denunció Helen Darbishire, directora del organismo.

Y añadió: “Desde la sociedad civil, estamos instando al Gobierno para que extienda el período de consultas durante un mes más, ya que es la única manera de asegurar una participación genuina y un debate público sobre cuestiones tan importantes”.

Juan Caño, presidente de APM, está de acuerdo con Darbishire: “En vez de presentarse en el periodo normal, durante el curso legislativo, ha querido hacerse justo antes de las vacaciones; y encima el Gobierno lo ha gestionado todo con carácter de urgencia. Pero, aun así, en el breve plazo que han dado, que va del 3 al 12 de agosto, hemos conseguido presentar nuestras alegaciones. Unas limitaciones muy claras a las libertades de expresión e informativas. Vamos a luchar contra ello”.

Otro cuestionamiento a la ley que impulsa Sánchez es la falta de desclasificación retroactiva, que limitaría drásticamente la posibilidad de acceder a documentos del franquismo o la transición a la democracia.

Concha Catalán, presidenta de la organización Innovación y Derechos Humanos, fue contundente sobre este punto: “Investigadores, historiadores y familias de víctimas y personas represaliadas durante el franquismo deberían tener derecho a acceder a toda documentación histórica transcurrido un plazo máximo de 25 años”.

Total control

 Pedro Sánchez acusó, días atrás, a los medios de comunicación de “intoxicar” a la opinión pública, y declaró que se encuentra con “noticias que ni siquiera he pensado”.

La nueva ley serviría para blindar al gobierno contra esas “malas noticias” porque sería el propio presidente y sus funcionarios los que tendrían la potestad absoluta para clasificar o desclasificar información “sensible” además de poder impedir el acceso a todos los datos cuya difusión suponga “una amenaza o perjuicio leve para el efectivo desarrollo de las políticas del Estado”, una vaga y amplia categoría que serviría para ocultar escándalos que compliquen al gobierno. (Por dar un ejemplo reciente: si esta ley estuviera vigente hoy, posiblemente se usaría para que ningún medio hablara del caso ERE, donde dos grandes referentes del PSOE Andaluz fueron condenados por usar 680 millones de euros para ganar elecciones y mantenerse en el poder).

En pocas palabras, con la excusa de asegurar la protección de información sensible, Pedro Sánchez resucita la censura y promete castigar a todos los que se animen a desafiarlo con enormes penas económicas, imposibles de levantar para cualquier periodista español.

Sin embargo, en casos así, siempre es bueno recordar las palabras del gran Antonio Porchia: “Tú crees que me matas. Yo creo que te suicidas”.

  Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

TEAMING, DONA UN EURO AL MES

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

Whaatsapp: 635967726

Te puede interesar

Lo más visto

SUSCRIBETE

Suscribete a Impacto España Noticias

IEN, Copyright IEN,2022. Todos los derechos reservados.

Noticias

Periódico Digital Nacional, Noticias Políticas, Noticias Judiciales

IEN