Desde que se hizo cargo del ejecutivo, a mediados del 2018, Pedro Sánchez acercó a un preso etarra a prisiones del País Vasco y Navarra, cada cuatro días. Para sintetizarlo en números: 202 terroristas ya fueron trasladados y 24 de ellos gozan hoy de regímenes de semilibertad en cárceles situadas a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento.

         Ante estos hechos, y el anuncio de que habrá más traslados que beneficiarán a los etarras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (ATV) denunció que el 70% de los presos de la banda ya cumplen pena en cárceles situadas a menos de 200 kilómetros de su hogar y todos gozan de reclusión en segundo o tercer grado, lo que les permite obtener permisos de salida. 

         Un dato a tener muy en cuenta: en febrero del 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, de los 245 reclusos etarras, 209 estaban encerrados en prisiones alejadas del País Vasco, cumpliendo regímenes de primer grado. Eso cambió drásticamente con la llegada de Pedro Sánchez al poder. 

En un comunicado, ATV expresó claramente su enojo ante lo que está ocurriendo y denunció: “Es el pago de Sánchez a Bildu por aprobar su Ley de Memoria Democrática. Una vez más, el Gobierno sigue ignorando a las víctimas del terrorismo y premiando a sus verdugos. Estos traslados son la antesala de terceros grados y puesta en libertad de estos asesinos”. 

         La Asociación de Víctimas del Terrorismo remarcó: “Desde que el Gobierno Vasco adquirió la competencia de prisiones, son ya 18 los terceros grados concedidos a presos de ETA, frente a los 28 del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos cuatro años. Esto no hace otra cosa que reforzar lo que llevamos denunciando mucho tiempo: no los quieren cerca, los quieren libres”.

         Y basan su acusación en datos sólidos: “Todos los presos, desde 2021, cumplen condena en cárceles de Madrid para arriba; solo quedan un 30% fuera de prisiones del País Vasco y Navarra. La preocupación no es tanto ese acercamiento, sino la progresión de todos ellos a segundo grado, lo que les ha abierto las puertas a gozar de permisos de salida, que después les abrirán la puerta a los terceros grados y, finalmente, les darán la libertad condicional”. 

En este punto, explican: “En el País Vasco, la cesión de competencias penitenciarias lo que ha hecho es favorecer estas progresiones. Ya son 23 las progresiones a tercer grado desde que el Gobierno autonómico asumió prisiones. Nosotros lo venimos advirtiendo desde 2018, no era tanto una cuestión de traslados, sino lo que venía después”. 

ATV cierra su comunicado con una combinación de dolor, indignación y furia: “Terroristas sanguinarios que nunca han mostrado ni un ápice de arrepentimiento ni la más mínima intención de colaborar con la justicia. Asesinos que podrán disfrutar de la visita de los suyos prácticamente día sí, día también, porque mientras las víctimas tenemos que hacer cientos de kilómetros para visitar las tumbas de nuestros seres queridos, sus familiares podrán ir a visitarles dando un paseo”.

 La pandilla salvaje a un paso de la libertad

          Es importante, para entender el enojo de las víctimas de ETA, ver la clase de personajes de los que estamos hablando.

         Entre los detenidos etarras se encuentran Diego Ugarte López de Arcaute e Iurgi Garitagoitia, condenados por los asesinatos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría; Juan Carlos Besance, condenado por el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza (Navarra), y por intentar matar a José Ramón Rekalde, exconsejero socialista vasco de Justicia y Educación; Zigor Bravo Saez de Urabain, condenado por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado; Ángel María Tellería, condenado por el asesinato a tiros de la inspectora de policía María Josefa García en de Zarauz (Guipúzcoa);

Alicia Lucía Sáez de la Cuesta, condenada por el asesinato del guardia civil Alfonso Parada; Mikel Xabier Ayensa, sentenciado por la muerte del concejal de UPN Tomás Caballero; Aitor García Aliaga, condenado por los atentados del 2001 en Madrid donde murieron un general y un policía; Mánex Zubiaga, condenado por participar del atentado en el que una veintena de personas resultaron heridas tras la explosión de un coche-bomba en el parking de la Plaza de Colón; Íñigo Vallejo, condenado por haber puesto los explosivos para llevar a cabo una “campaña de atentados” en Sevilla el 21 y el 22 de junio del 2002; Eneko Gogeaskoetxea Arronategui, exjefe de ETA que intentó matar al Rey emérito en la inauguración del Guggenheim;

Juan Carlos Iglesias, alias 'Gadafi', que participó en el atentado de Erandio en el 1991; Patxi Javier Macazaga Azurmendi, responsable de la muerte de Juan María Jaúregui Apalategui; Luis Mariñelarena Garciandia, sentenciado a 100 años por el ataque en el que fallecieron Fernando Buesa Blanco y su escolta Jorge Diez Elorza; y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, autor del asesinato de Gregorio Ordónez, concejal del PP.

         Los antecedentes de todos estos personajes siniestros, vinculados con la historia más sangrienta y negra de España, no le importan nada a Sánchez, que convirtió a Bildu en uno de sus grandes aliados políticos, algo que quedó confirmado cuando los diputados del partido de Arnaldo Otegi votaron a favor de la “Ley de Memoria Democrática” que impulsa el presidente.

         Cómo dice el dicho: una mano lava la otra, especialmente cuando una de esas manos está llena de sangre inocente.

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