En el 2015, cuando era secretario general del PSOE, un joven y enardecido Pedro Sánchez declaró públicamente que todo político corrupto en España debía “responder con su patrimonio” por el dinero robado: primero lo dijo en el mitin de Murcia para las elecciones municipales del 24-M; y luego en una reunión del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, donde fue todavía más contundente en sus declaraciones (“¡Con el Gobierno socialista un político corrupto tendrá que devolver el dinero robado!”).

El dirigente también prometió una radical reforma del Código Penal para poder intervenir el patrimonio de los funcionarios condenados e investigar si había terceros (familiares, compañeros del partido) involucrados en el hecho.

 A los amigos todo, a los enemigos ni justicia.

 El Presidente parece haber olvidado completamente su promesa de luchar contra la corrupción frente al caso ERE: la defraudación de 679 millones de euros en Andalucía que terminó con la condena de José Antonio Griñán (6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos) y Manuel Chaves (9 años de inhabilitación por prevaricación).

Según el Tribunal de Cuentas, del dinero robado solo pudieron recuperarse 23 millones de euros (3,3% del total): eso significa que todavía quedan 656 millones cuyo destino se desconoce. 

Si Sánchez cumpliera con su promesa del 2015 debería permitir que Griñán y Chaves paguen con su patrimonio personal parte de ese dinero, sin embargo, desde que se conoció la condena de los dos referentes socialistas, el Presidente no dudó en defenderlos públicamente: “Yo creo que, en este caso, tanto en el de Chaves como en el de Griñán, podemos afirmar que están pagando justos por pecadores”. 

El líder del PSOE señaló que los condenados renunciaron a sus responsabilidades políticas y no fueron acusados “de haber lucrado o haberse llevado un céntimo de euro o haber financiado irregularmente a formaciones políticas. No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Lo que sí hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas”.

De esta forma, el Presidente marcó la línea oficial de defensa a la que rápidamente se sumaron otras figuras de su partido. Juan Espadas, líder socialista de Andalucía, justificó el delito diciendo que todo fue “un procedimiento que perseguía un fin social que permitió salvar buena parte del tejido productivo y evitó que 6.000 personas fueran al paro”; días después, Pilar Alegría, la nueva portavoz del PSOE, insistió con la misma idea: “Estos mecanismos lograron salvaguardar en Andalucía cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo”. 

Ahora, la mujer y el hijo de Griñán armaron una petición de indulto que cuenta con el apoyo de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González (el mismo Felipe González que publicó una carta para defender a su exfuncionario diciendo que, si fuera elegido nuevamente presidente, no dudaría en sumarlo a su equipo: “Quiero manifestar que, si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España que yo presidiera, lo volvería a hacer.

Por su competencia y capacidad intelectual, por su vocación de servicio público durante toda su vida para mejorar la vida de la mayoría y fomentar la convivencia en democracia y libertad, por su intachable integridad moral. Mi convicción desde el conocimiento de la persona me lleva a considerar imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación y, por tanto, injusto condenado a pena de prisión por ello”).

Consultada por este tema, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, declaró: “La familia está en su derecho de hacerlo y el Gobierno lo estudiará con detalle, como lo hacemos siempre”.

El PSOE, sin embargo, sigue sumando presión para conseguir un rápido perdón para Griñán, dejando bien claro que, para ellos, la sentencia judicial del caso ERE es injusta y los condenados son funcionarios que cometieron un error, no delincuentes y mucho menos corruptos: “No deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello”.

El problema es que, de Sánchez para abajo (incluyendo a los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero), todos los referentes socialistas que claman públicamente por la libertad de Griñán parecen haberse olvidado del Código Ético de su propio partido que, en su artículo 8.1, establece claramente: “Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral”.

Las malas compañías de Pedrito Sánchez.

         Los demás partidos han dejado claro que no aceptarán el indulto a Griñán. Elías Bendodo, coordinador general del PP, fue contundente al respecto: “Que el PSOE indulte al PSOE sería un escándalo. No está justificado que se indulte por tener el carné del PSOE. ERE es el mayor caso de corrupción en el país. 700 millones del dinero del paro fueron utilizados para ERE fraudulentos, con quince políticos del PSOE condenados”.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, confirmó que su partido apoya la postura del PP en este tema: “Siempre van a tenernos en contra de estos indultos, como ya hemos hecho con respecto a los indultos de los condenados por el Procés, interponiendo un recurso contencioso administrativo. Los delitos que cometen los socialistas no son más perdonables que los que cometen otros delincuentes”.

El referente de Ciudadanos fue durísimo con el argumento que usan los líderes del PSOE para defender a los condenados del caso ERE: “No vale la excusa de que estas personas no se quedaron con el dinero, porque lo destinaron a fines partidistas, cuando no a fines completamente espurios. Si se hubieran quedado algo de dinero, el delito sería aún más grave. ¡El dinero que tenía que estar dedicado al interés general de los andaluces se dedicó en primer lugar a fiestas, a drogas, a prostíbulos, y el que no, se dedicó a los fines particulares del Partido Socialista Andaluz para conseguir chiringuitos!”.

Por su parte, Manuel Gavira, portavoz de Vox en el parlamento de Andalucía, pidió expresamente “prohibir los indultos, sobre todo, los indultos por corrupción política. Lo político no puede meter sus manos en lo judicial. Estamos por prohibir la concesión por motivo de corrupción política”.

¿Qué hará Pedro Sánchez tras esta avalancha de críticas? Posiblemente se limite a citar la letra que mejor expresa su fidelidad (y la de su partido) hacía personajes tan controvertidos como Griñán y Chaves: “Mis amigos son unos atorrantes / Se exhiben sin pudor, beben a morro / Se pasan las consignas por el forro / Y se mofan de cuestiones importantes / Mis amigos son unos malhechores”.

Las malas compañías de Pedrito. ¿Sale un indulto exprés? 

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