Recientemente se celebró en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania una mesa redonda sobre la “lucha contra la desinformación”, patrocinada por el Departamento de Estado estadounidense. Andrii Shapovalov, director del Centro Ucraniano de Lucha contra la Desinformación, recomendó cambios en la legislación para acabar con estos “terroristas”, lo que recuerda a la supresión de los medios de comunicación y los canales de información en la Alemania nazi de antes de la Segunda Guerra Mundial. Shapovalov determinó que “los terroristas de la información deben saber que tendrán que responder ante la ley como criminales de guerra”.

“Los terroristas de la información deben saber que tendrán que responder ante la ley como criminales de guerra” Andrii Shapovalov

Según el comunicado de prensa, en la mesa redonda participaron ONG, medios de comunicación y expertos internacionales. Los delegados debatieron sobre los “métodos de desinformación” utilizados en Ucrania y en el extranjero. En el orden del día figuraba la prevención legal y estatal de las “falsificaciones y la desinformación en el contexto de la ciberseguridad”.

Andrii Shapovalov, director del Centro Ucraniano de Lucha contra la Desinformación, subrayó que quienes “difunden deliberadamente la desinformación son terroristas de la información”. Shapovalov recomendó cambios en la legislación para acabar con estos terroristas, lo que recuerda a la supresión de los medios de comunicación y los canales de información en la Alemania nazi de antes de la Segunda Guerra Mundial. Shapovalov determinó que “los terroristas de la información deben saber que tendrán que responder ante la ley como criminales de guerra”.

No hace falta decir que el aplastamiento de la disidencia es esencial para mantener el apoyo público a la guerra por delegación de la OTAN en Ucrania. Los medios de comunicación rusos ya han sido borrados de la esfera de Internet controlada por Occidente. Las “listas de asesinatos” ucranianas, como la infame Myrotvorets, ya incluyen nombres como el de la periodista independiente canadiense Eva Bartlett y el del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters.

Bartlett también fue objeto de un doxxing en Twitter por parte de la ex diputada del Partido Conservador británico Louise Mensch, que alertó a las fuerzas especiales ucranianas de su presencia en Donetsk. Pocos días después se produjo un atentado contra el hotel de Donetsk en el que se alojaban varios periodistas, entre ellos Bartlett, ¿coincidencia?

La periodista alemana Alina Lipp ha sido efectivamente sancionada y amenazada con ser procesada por el gobierno alemán por informar sobre las atrocidades diarias cometidas por las fuerzas nazis ucranianas contra los civiles en Donetsk y Lughansk. Lipp declaró a Stalkerzone:

“Acaban de cerrar mi cuenta bancaria. Luego cerraron la cuenta de mi padre. Hace un mes, me di cuenta de que todo el dinero había desaparecido de mi cuenta: 1.600 euros. Me di cuenta de que algo estaba pasando en Alemania. Hace unos días, recibí una notificación de la fiscalía, y se abrió una causa penal contra mí por apoyar la operación especial. En Alemania, las operaciones especiales se consideran un delito, y yo también lo soy. Me enfrento a tres años de prisión o a una enorme multa”.

El periodista británico Graham Philips ha sido sancionado ilegalmente por el régimen del Reino Unido sin que se haya llevado a cabo ninguna investigación ni se haya concedido a Philips el “derecho de réplica”. La mayoría de los informes de los medios de comunicación convencionales sobre esta violación de sus derechos humanos describen a Philips como “uno de los más destacados teóricos de la conspiración en línea pro-Kremlin”. Philips, al igual que todos los demás periodistas que están en el punto de mira, vive en Donbass, que ha sido amenazado con una brutal limpieza étnica por parte de las fuerzas nazis y ultranacionalistas ucranianas, proxy de la OTAN, desde el golpe de Estado de Nuland en 2014.

Estos periodistas transmiten las voces de los ucranianos de habla rusa que han sido sometidos a horrendos crímenes de guerra, torturas, detenciones y persecuciones durante ocho años e ignorados por Occidente. Por ello, ahora van a ser designados “terroristas de la información”, porque denuncian el terrorismo sancionado por los Estados miembros de la OTAN.

En el Reino Unido están surgiendo organizaciones como Molfar Global, cuyo proyecto “Libro de los Orcos” emplea a 200 supuestos voluntarios para identificar a los “criminales de guerra rusos (orcos)” y elaborar una “lista de asesinatos” legal. En su página web afirman:

“Todos los ocupantes rusos deben ser identificados y castigados según la ley. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben. Por eso nos fijamos el objetivo de encontrar a todos y evitar que escapen de la justicia”
¿Quién determina quién debe ser incluido en la lista? ¿Quién determina su destino? ¿Qué justicia? En un país como Ucrania, sumido en la corrupción -donde las ejecuciones o la desaparición de disidentes y opositores políticos o mediáticos es algo habitual-, ¿quién va a rendir cuentas por las acciones que se lleven a cabo en la “lista de asesinatos de Orcos”? Se trata de una justicia sin ley que cae bajo el paraguas de la “gobernanza global basada en reglas” de Estados Unidos: cumple o muere y la legislación recién amueblada hará que tu muerte sea legal.

Los organizadores de la mesa redonda fueron la Academia del Servicio de Seguridad Nacional, el Fondo de Investigación y Desarrollo Civil financiado por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos (CRDF Global Urkaine), la Academia Internacional de Información y el Clúster de Ciberseguridad Nacional vinculado al Departamento de Estado de Estados Unidos.

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