La relación entre política y masonería ha sido siempre compleja en la Historia. Si, por un lado, se ha defendido en su seno el acatamiento a las instituciones existentes en el país donde se desarrolla, y siempre ha defendido la necesidad de la tolerancia en este campo, por otro, es indudable que muchos masones han desempeñado papeles de enorme relevancia, o de relevancia secundaria en el devenir político e histórico de la mayoría de los países, incluida la España que va desde el Sexenio Democrático hasta la Guerra Civil.

Esos papeles de muchos masones en la política fueron siempre un elemento empleado y distorsionado para fomentar la masofobia por parte de los sectores más reaccionarios e integristas al considerar que la masonería era una organización dedicada a influir como tal, especialmente en materias relacionadas con lo social, moral y religioso. En todo caso, también parte de la izquierda ha acusado históricamente a la masonería de ser una organización que movía los hilos del mundo en favor de los poderosos, tanto en el secreto de las logias como en el hacer de los políticos masones.

Pero este no es el objetivo de este artículo sino otro menos conocido o trabajado. Nos referimos a ver como la masonería española planteaba la cuestión del trabajo político de sus miembros porque podía generar contradicciones y tensiones en la misma.

En la España de los años treinta muchos masones desempeñaron distintas responsabilidades y/o protagonismos políticos, y esto generó dentro de la masonería reflexiones y tomas de decisiones porque se temía que decisiones que se tomaran por parte de políticos masones chocaran contra principios masónicos, y que el fragor de la disputa política pudiera alterar esos principios, especialmente los relacionados con la fraternidad.

En este contexto queremos traer en esta pieza un intento de evitar o solucionar este conflicto a través de los acuerdos tomados en la Asamblea General del Grande Oriente Español, celebrada en febrero de 1932.

En el segundo punto del orden del día se recordó que las autoridades masónicas estaban obligadas a hacer cumplir, con la frecuencia necesaria, que los masones que ejercían cargos públicos el deber que tenían éstos de explicar y justificar masónicamente la conducta pública ante quien correspondía.

Pero, además, se planteaba que en el ejercicio del cargo público se podían incumplir deberes masónicos, tanto por acción como por omisión. En consecuencia, el masón con cargo público estaba obligado a explicar y justificar toda actuación que pudiera parecer reprobable o dudosa, además de tener en cuenta las iniciativas masónicas.

Como vemos, esta cuestión tendría que ver con el establecimiento de un procedimiento para solucionar los posibles conflictos entre la actuación política de un masón con los principios de la masonería. Pero, también es cierto que en dicha asamblea se hizo un recordatorio de los principios masónicos, es decir, del código de conducta de un buen masón. En este sentido, se afirmó que un masón que actuara en la vida pública tenía un deber de “amor y tolerancia fraternal”, que obligaba a poner dicha fraternidad masónica por encima de todas las diferencias que pudieran plantearse en las luchas políticas. Se trataba, por lo tanto, de fomentar un espíritu de tolerancia política, un principio nada desdeñable dado el aumento de la tensión en aquella España.

El control, asistencia y colaboración que los masones debían prestar a sus hermanos dedicados a la política en tenidas de maestros también tenía un límite y no era otro que el del respeto absoluto a las ideas políticas de cada uno, sin que pudiera darse la más mínima tendencia o mira partidista.

Los acuerdos de esta Asamblea se publicaron en el número del 10 de septiembre de 1932 del Boletín del Grande Oriente Español.

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