Se acercan las elecciones y Pedro Sánchez sacó la chequera para intentar recuperar los miles de votos que perdió tras tomar medidas tan polémicas como permitir el traslado de los presos de la ETA al País Vasco, dejándolos a un paso de la libertad, o su defensa de los líderes del PSOE andaluz condenados por apropiarse de 680 millones de euros en el caso ERE.

La estrategia quedó confirmada con los 25 mil millones de euros que Sánchez anunció en ayudas, créditos y rebajas fiscales; el problema es que gran parte de ese dinero se usa con una clara intención electoral y sus efectos se agotarán enseguida. 

Por ejemplo, el presidente anunció trenes gratis diciendo que buscaba “defender a la clase media trabajadora del país”, el inconveniente es que la medida solo durará 3 meses, de septiembre a diciembre de este año. 

¿Y después qué?

El Ejecutivo también dedicará una gran cantidad de fondos a los jóvenes, el colectivo en el que Sánchez deposita más expectativas tras saber que una gran parte de los adultos mayores de 40 años piensan votar por el PP en diciembre del 2023. 

El presidente anunció un ingreso de 100 euros al mes, durante 4 meses, a 1 millón de alumnos; y además creó el Bono Alquiler Joven, de 250 euros mensuales.

Para compensar y mostrar que no discrimina por edad, Sánchez implementó un bono para 2,7 millones de ciudadanos que solo se pagará una vez y cuyo costo total será de 540 millones de euros.

“El objeto es paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania en situaciones de vulnerabilidad económica”, explicó el presidente. 

En vez de gastar tanto dinero en propuestas de corto alcance cuyo efecto, según los expertos, se diluirá rápidamente bajo el efecto de la inflación, Sánchez podría recortar el gasto superfluo del Estado, que los expertos calculan en 60 mil millones de euros, y usarlo, por ejemplo, para darle formación y empleo a los 6 millones de personas que todos los días acuden a las colas del hambre que no paran de crecer a lo largo y ancho de España.

Mismo mago, mismos trucos.

        Recuperar votos a golpe de efectivo no es una estrategia nueva para Sánchez que, en febrero de este año, fue acusado por el Partido Popular de comprar voluntades en la campaña electoral de Castilla y León.

         La denuncia, presentada ante la Junta Electoral Central por la diputada Isabel Borrego, explicaba que la aprobación del Perte agroalimentario de 1.000 millones de euros de recursos públicos fue una clara estrategia de los socialistas, a cinco días de las elecciones, para ganarse al electorado.

         En el comunicado que luego hicieron público, los referentes del PP expresaron: “Esta abusiva y descarada instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada resulta inasumible en términos democráticos, toda vez que estos temas, además, han sido los asuntos principales y de mayor trascendencia sobre los que han tratado los candidatos concurrentes a las elecciones autonómicas de Castilla y León”.

 El emblemático caso ERE: todos los hombres del presidente.

 La estrategia socialista de usar dinero público para asegurarse la fidelidad de los votantes no es nueva. El Tribunal Supremo confirmó, semanas atrás, la sentencia contra los dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves (el primero fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; el segundo, a 9 años de inhabilitación por prevaricación), por desviar 680 millones de euros con el fin de crear una aceitadísima maquinaria política que les permitió, a través de la corrupción y el clientelismo, ganar y conservar el poder en su feudo durante años.

En vez de festejar el triunfo de la justicia, los integrantes del partido salieron rápidamente a defender a sus colegas y justificarlos.

Pilar Alegría, portavoz del PSOE, declaró: “Estos mecanismos lograron salvaguardar en Andalucía cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo”. 

Por su parte, Juan Espadas, líder socialista de Andalucía, expresó: “Fue un procedimiento que perseguía un fin social que permitió salvar buena parte del tejido producto y evitó que 6.000 personas fueran al paro”. 

         Incluso el expresidente Felipe González publicó una carta con el expresivo título de “Confío en Pepe Griñán”, donde dejó bien claro que apoya lo hecho por su exfuncionario y declaró que, si pudiera, volvería a sumarlo a su equipo.

“Conozco a fondo a Pepe Griñán. Por eso quiero manifestar que, si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España que yo presidiera, lo volvería a hacer. Por su competencia y capacidad intelectual, por su vocación de servicio público durante toda su vida para mejorar la vida de la mayoría y fomentar la convivencia en democracia y libertad, por su intachable integridad moral”, afirmó el exlíder del PSOE.

En pocas palabras, para los referentes socialistas no está mal usar el dinero público para ganar elecciones, después de todo, esos fondos tienen como objetivo “ayudar al público”, dejándole bien claro, por supuesto, a cada votante, que fue el PSOE quien les dio una mano y esa clase de gestos luego deben agradecerse en las urnas.

La estrategia del socialismo hasta diciembre del año que viene es muy simple: gastar como si no hubiera un mañana, tratando de rentabilizar electoralmente cada euro invertido en un intento por levantar la figura de un presidente que no deja de caer en las encuestas, una vieja formula populista para ganar el favor de los ciudadanos sin resolver los problemas de fondo de una España cada vez más complicada por la inflación y el desempleo.

Si a Griñán y Chaves les funcionó tan bien en Andalucía, deben preguntarse, ¿por qué no habría de funcionar de nuevo ahora?

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