El Parlamento Europeo denuncia fallos sistémicos en la protección de menores tuteladas en Baleares y reclama que «se replanteen» todos los protocolos de actuación. Además, concluye que se ha estado incumpliendo legislación aprobada hace más de 15 años a la hora de tutelar a niños en situación de vulnerabilidad, detecta deficiencias en la seguridad de los reformatorios y señala que no ha habido «transparencia» ni «coordinación» suficiente entre las instituciones y las autoridades policiales.

Concluye que se ha estado incumpliendo la legislación aprobada hace más de 15 años a la hora de tutelar a niños en situación de vulnerabilidad.

Así lo refleja por escrito el informe elaborado por la Comisión de Peticiones sobre el escándalo de prostitución de niñas tuteladas, un grave asunto que lleva años gestándose de forma oculta a la opinión pública (al menos desde 2015) y que estalló en el archipiélago gobernado por el PSOE hace ahora dos años. El estallido del caso más grave acontecido durante los últimos años en las Islas se produjo después de que una menor fugada, de apenas 13 años de edad, fuese violada durante la Nochebuena de 2019.

El dictamen, que actualmente se halla en fase de alegaciones, acaba de ser redactado por el grupo de europarlamentarios que el pasado mes de abril se desplazó a Mallorca para investigar ‘in situ’ el asunto. Entrevistaron a policías, integrantes del gobierno autonómico y del gobierno insular, miembros de la Fiscalía y madres de menores que, tras perder la custodia de sus hijas, denuncian que éstas acabaron siendo explotadas sexualmente a cambio de dinero y drogas por adultos y proxenetas.

Es la primera vez que un organismo europeo se pronuncia en un informe sobre un fenómeno que ha sido detectado en otras comunidades autónomas españolas y que, según denuncia ahora el organismo comunitario, ha cobrado ya «dimensión europea».

Los autores del informe concluyen que para solventar el problema es necesaria «una acción integral por parte de todas las autoridades competentes». Señalan que hay que «reforzar la cooperación y mejorar la comunicación» entre las instituciones de tutela, dependientes del gobierno autonómico e insular y que deben colaborar «de forma estrecha y eficaz con la Fiscalía».

«PROTEGERLAS DE LOS ABUSADORES»

La Comisión pide que las menores «sean objeto de la mayor atención posible» para «protegerlas de los abusadores». E identifica las reiteradas «fugas» de los centros como uno de los factores de «mayor peligro» por el que las niñas acabaron siendo prostituidas. El informe refleja que los menores se fugaban «hasta tres veces al día» y que algunos acababan en ‘casas okupa’ de Palma donde eran prostituidas. Además, detecta fallos básicos en los métodos de investigación tras una fuga, ya que en ocasiones ni siquiera se compartía la foto de los menores fugados con las autoridades policiales aludiendo a la ley de protección de datos.

Uno de los elementos que reclama la Comisión europea es que se creen en Baleares centros de protección para menores con problemas de conducta. Algo que, remarca, está previsto en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, una norma que fue aprobada en 1996, y que sin embargo «no ha sido aún desarrollado en Baleares». Entre otras cosas, por la falta de personal técnico cualificado y la inestabilidad en las plantillas.

La investigación de la Unión Europea, de carácter político, avanza de forma paralela a la investigación judicial de las presuntas redes de explotación sexual organizadas en torno a las menores que estaban internas en los centros.

Como ha ido relatando en las últimas semanas este diario, en esa investigación se ha detectado cómo al menos una docena de niñas se prostituyeron con una treintena de adultos ajenos a los centros de protección, incurriendo en todo tipo de prácticas vejatorias. Algunas de las menores, en cuyas cartas explicaban que se prostituían por «dinero» y regalos, se dedicaron a la captación de otras niñas en su misma situación, compañeras internas en sus centros. Los mensajes interceptados en sus móviles revelan cómo incluso llegaron a planear envenenar a algunos de sus clientes o comprar armas para agredirles y atracarles.

Aunque el asunto sólo fue admitido públicamente por el gobierno insular y autonómico en enero de 2020, el sumario judicial del caso revela cómo ya a lo largo de 2019 ya había educadores que habían alertado internamente de la existencia de aquella red de prostitución. El Govern y el Consell de Mallorca siempre han defendido que en todo momento intervinieron y que aplicaron los protocolos de actuación, trasladando a la Fiscalía los casos sospechosos.

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