Pedro Sánchez parece tener un problema personal con la prensa y, siguiendo el ejemplo de sus colegas Nicolás Maduro en Venezuela, Alberto Fernández en Argentina y Manuel López Obrador en México, culpa a los periodistas de intentar desestabilizar su gobierno.

         Esto quedó confirmado en la furiosa intervención que el mandatario acaba de realizar en el Congreso donde acusó a los medios de defender a las compañías de energía, hacer que los jueces se revelen en su contra y empujar la caída de Pablo Casado para que fuera relevado por Alberto Núñez Feijóo.

         Como los presidentes de Argentina, Venezuela y México, Sánchez usó la vieja teoría conspirativa de una pérfida alianza entre la extrema derecha y la prensa para acabar con los gobiernos populares, encabezados por líderes amados por el pueblo. 

“No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evoca en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes”, arrancó el mandatario.

Cada vez más enojado, el referente del PSOE redobló la apuesta, obviamente, sin dar nombres que justificaran sus acusaciones: “No vamos a permitir que haya empresas ni tampoco personas que se lucren con esta crisis por muy poderosas que sean, por mucho control que tengan ante algunos medios de comunicación, por muy estrechos que sean sus parentescos con tal o cual dirigente político o por muy ilustres que sean sus apellidos”.

Sánchez parece haber aprendido muy bien la lección de Fernández, López Obrador y Maduro, porque usó las mismas palabras que ellos para satanizar a la prensa y convertirla en el enemigo a combatir: “La transición energética que estamos haciendo, que estamos impulsando, pese a los gritos y el ruido que provoca lógicamente en las terminales mediáticas de estas grandes empresas que financian y que están detrás de estos medios de comunicación, nos va a permitir adaptarnos, mitigar el cambio climático y tener las energías más baratas de Europa”.

Siguiendo al pie de la letra el modelo bolivariano, Sánchez definió a la prensa como el altavoz de una misteriosa conspiración armada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial junto a Feijóo para arruinar su mandato: “Señorías de la bancada del Partido Popular, después de lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación conservadores durante estos últimos días, al presidente, nada más y nada menos, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a usted mismo, señor Feijóo, instigando a que no cumplan con la legalidad democrática aprobada en las Cortes Generales”.

Consciente de que el líder del PP mide cada vez mejor en las encuestas, Sánchez cerró su discurso apuntado directamente contra él, al definirlo como el cabecilla de una malvada coalición: “Usted no quiere pacto o, mejor dicho, las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el Gobierno de coalición progresista. Esas mismas fuerzas con terminales mediáticas que le aplauden día sí y día también, que esconden sus meteduras de pata.

Pero le digo una cosa, señor Feijóo, no se fíe, dijeron lo mismo del señor Casado y un par de semanas antes de cargárselo y auparle a usted le ponían al señor Casado como presidente del Gobierno; ahora lo dicen de usted; no se fíe tampoco de esos aliados”.

El referente de los populares no se quedó callado y respondió con ironía a la teoría del líder socialista. 

“Hoy les han tocado los insultos a los medios de comunicación. Entiendo que los periodistas y gráficos que cubren esta sesión están pagados por las grandes empresas españolas. Inversamente proporcional a esta agresividad está la docilidad con la que cede usted frente a las formaciones que sostienen al actual Gobierno”, soltó Feijóo, en obvia referencia a las incesantes concesiones del PSOE a Bildu, incluyendo el traslado de 224 condenados de ETA al País Vasco, entre ellos 'Txapote' y Parot, dos de los asesinos más terribles de la organización terrorista, responsables, ellos dos solos, de más de 50 muertes.

 Palabras y hechos.

 Pedro Sánchez no se limita a hablar mal de la prensa y por eso lanzó el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, también conocida como Ley de Secretos Oficiales, que establece sanciones económicas para cualquier particular o compañía que divulgue datos que entren en cuatro categorías: “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” o “restringido”.

Una decena de organizaciones periodísticas han protestado al considerar esta ley un atropello a la libertad de prensa y un intento claro del presidente por censurar a todos aquellos que se animen a criticarlo.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechazaron el Anteproyecto porque “limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”.

FAPE y APM señalaron un punto que el Presidente deliberadamente ignoró: el acceso de un periodista a información confidencial o restringida “no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información. Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas.

La ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los límites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Las organizaciones también expusieron su rechazo a que la nueva ley “impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos”.

Aurelio Martín, vicepresidente de FAPE, remarcó: “Bastaría con que los casos de corrupción política y económica procedentes de una investigación periodística fuesen clasificados por las autoridades con las categorías de confidencial o restringido para hacer inviable la difusión de cualquier documento”.

Para sintetizar, la nueva ley, de ser aprobada, blindaría al gobierno contra las “malas noticias” porque serían Sánchez y sus funcionarios los únicos que tendrían el derecho para clasificar o desclasificar información “sensible”, además de poder impedir el acceso a todos aquellos datos cuya difusión signifique “una amenaza o perjuicio leve para el efectivo desarrollo de las políticas del Estado”, lo que permitiría ocultar escándalos que salpiquen al Gobierno como lo sucedido en el caso ERE (690 millones de euros usados para financiar al socialismo andaluz) o los traslados de más de 200 presos etarras al País Vasco, donde gozan de una larga serie de privilegios, incluyendo la posibilidad de quedar muy pronto libres.

El propio Pedro Sánchez expuso claramente su postura semanas atrás, al acusar a la prensa de “intoxicar” a la opinión pública y no dar las buenas noticias que él quiere escuchar: “Hago un llamamiento a que los medios de comunicación informen. Una cosa es informar y otra intoxicar”.

Curiosamente, el Presidente no dijo nada sobre el último editorial de “El Socialista”, la publicación partidaria del PSOE, donde se acusa a Feijóo de ser un “espejismo político viviendo de las rentas de una fama sobredimensionada por la armada mediática de la derecha”.

En casos así, la prensa no intoxica ni miente. Posiblemente ese sea el medio de comunicación con el que sueña Sánchez: un órgano manejado por gente afín que dice lo que él quiere, cuándo quiere y cómo quiere, alabando todo lo que hace el oficialismo y atacando salvajemente a la oposición, algo que ya implementaron en México y Argentina (en Venezuela simplemente cerraron todos los medios críticos y ahora lo único que se escucha es el discurso del chavismo las 24 horas, algo similar a lo que sucedía en Rusia durante la dictadura de Stalin, en China durante el gobierno de Mao o en Cuba durante la extensa tiranía de Castro).

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